En fallo dividido, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena a 25 años de prisión para los 7 ex policías provinciales que cometieron la denominada «Masacre de Wilde», el emblemático caso de «gatillo fácil» ocurrido en 1994 en esa localidad en el cual fueron asesinados cuatro hombres.
Con el voto a favor de los jueces Ricardo Maidana y Mario Kohan, y el rechazo de Víctor Violini, el superior órgano bonaerense confirmó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora en el que se condenó a los ex comisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, el ex oficial Osvaldo Lorenzón, el ex subteniente Pablo Dudek, los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el ex cabo Marcos Rodríguez como coautores del delito de «homicidio simple reiterado y homicidio simple en grado de tentativa”.
Los familiares y abogados de las víctimas. sostuvieron en un comunicado de prensa, luego de conocerse este jueves la resolución de Casación, que “dado el ´doble conforme´ – dos tribunales condenaron en el mismo sentido a los imputados – le corresponde al tribunal oral ordenar la detención de los ex policías”.
En este sentido, fuentes judiciales informaron a Expedientecero.com.ar que todo indica que la estrategia de las defensas de los condenados apuntará a interponer un recurso ante la Suprema Corte bonaerense para continuar con las apelaciones. Esto podría frenar la resolución del tribunal oral de Lomas que debe ordenar la detención de los condenados.
La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutin, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el ex subteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.
A partir de ese momento, fue clave el accionar del juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien confirmó la mirada de los hechos como un caso de violencia institucional y elevó la causa a juicio oral, previa detención de Marcos Rodríguez, el imputado que estuvo 20 años prófugo.
