Con el impulso de la senadora radical Carolina Losada y el acompañamiento del bloque oficialista encabezado por Patricia Bullrich, el Senado de la Nación retomará en las próximas semanas el debate sobre el proyecto de ley que busca castigar con mayor severidad las falsas denuncias, especialmente aquellas relacionadas con violencia de género e integridad sexual.
El primer paso de este reimpulso parlamentario será una jornada de exposición que se llevará a cabo el próximo martes 7 de abril a las 16.30 en el Salón Azul del Congreso. Durante la actividad, se espera que brinden su testimonio personas que se presentan como víctimas de este tipo de maniobras judiciales.
Los cambios propuestos en el Código Penal
El proyecto, que ya había obtenido dictamen de comisión en 2024 pero perdió estado parlamentario, propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Libertad Avanza, la UCR y bloques provinciales, mientras que el interbloque peronista mantiene su rechazo.
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Falsas denuncias: Se propone elevar la pena a un rango de uno a tres años de prisión en casos generales. Sin embargo, si la denuncia falsa se da en contextos de violencia de género, delitos contra menores o integridad sexual, la escala aumentaría de tres a seis años.
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Falso testimonio: Para testigos o peritos que falten a la verdad en causas criminales vinculadas a estas temáticas, se plantea elevar la pena en un tercio en su mínimo y máximo.
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Encubrimiento: También se busca agravar la figura penal del encubrimiento cuando la víctima del delito original sea un menor de edad.
Argumentos y polémica
La senadora Losada fundamentó la necesidad de la ley señalando el impacto de la «condena social» y el «escrache público» que sufren los acusados antes de un proceso judicial. Según la legisladora, las penas actuales son «exiguas» frente al daño que genera una acusación inexistente.
Por su parte, organismos de derechos humanos y colectivos feministas han manifestado su resistencia a la iniciativa. Advierten que endurecer las penas podría actuar como un elemento disuasorio para las víctimas reales de violencia de género, dificultando el acceso a la justicia por temor a ser denunciadas si no logran probar el hecho de manera inmediata.
La agenda legislativa indica que, tras la jornada de testimonios del martes, el oficialismo buscará avanzar rápidamente con un nuevo dictamen para llevar el texto al recinto.
