El uso de tobilleras electrónicas como medida de control y seguimiento de personas condenadas o con restricciones judiciales se ha incrementado en los últimos años en distintas jurisdicciones del país. Esta herramienta tecnológica es utilizada por el Servicio Penitenciario y las autoridades judiciales para garantizar el cumplimiento de medidas de restricción, morigeración de prisión preventiva o penas domiciliarias.
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, las tobilleras electrónicas se aplican principalmente en casos de violencia de género, arresto domiciliario y, en algunos casos, a personas condenadas que, por razones de salud, edad u otras circunstancias particulares, cumplen su condena fuera del ámbito penitenciario tradicional.
La reciente decisión de un tribunal de que Cristina Fernández cumpla prisión domiciliaria, tras su condena en la causa Vialidad, reavivó el tema. Los jueces dispusieron que debe usar tobillera electrónica para poder controlarla.
En la provincia de Buenos Aires, la Ley 14.803 regula el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia en el ámbito de la ejecución penal, permitiendo su utilización en personas privadas de libertad bajo determinadas condiciones. Las decisiones sobre su implementación dependen de los jueces de ejecución o tribunales que intervienen en cada caso particular, quienes evalúan factores como la conducta del imputado, los riesgos procesales y el tipo de delito.
Actualmente, las tobilleras electrónicas también son utilizadas para monitorear casos de prohibición de acercamiento en situaciones de violencia de género, donde el agresor debe mantenerse a una distancia determinada de la víctima. El sistema permite el seguimiento en tiempo real, con alertas inmediatas ante el incumplimiento de las condiciones judiciales.
En todos los casos, la medida tiene como objetivo evitar el encierro carcelario cuando no se considera estrictamente necesario, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante el uso de tecnología.
