El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora denegó el pedido de prisión para los 7 ex policías condenados a 25 años de cárcel por la denominada “Masacre de Wilde”, el emblemático caso de «gatillo fácil» ocurrido en 1994 en esa localidad en el cual fueron asesinados cuatro hombres.
Días atrás se conoció el fallo de la sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense que confirmó la condena a 25 años de prisión dictada justamente por el TOC 3 de Lomas en 2022.
Ante esta resolución, que resultaba el denominado “doble conforme” de la pena, los abogados de las familias Cicutín y Corbo – dos de la cuatro víctimas de la Masacre – presentaron un pedio de detención ante el Tribunal Oral.
En un rápida respuesta, los jueces del TOC 3 rechazaron el pedido de detención. Argumentaron que aún le queda a las defensas la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte provincial y que los ahora condenados – salvo uno de ellos – nunca se profugaron.
“La injusta justicia volvió a mirar hacia otro lado. Denegaron nuestro pedido de dictarles prisión efectiva a los asesinos (y que aún hoy siguen vivos), de Edgardo. Hace 11475 días (31 años, 5 meses, y 1 días) que esperamos saberlos tras las rejas. Pero no, la Injusticia argentina, a pesar de tener ya el doble conforme, uno de ellos haber estado prófugo 20 años, considera que no es necesario”, expresó en sus redes Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutin.
La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutin, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el ex subteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.
A partir de ese momento, fue clave el accionar del juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien confirmó la mirada de los hechos como un caso de violencia institucional y elevó la causa a juicio oral, previa detención de Marcos Rodríguez, el imputado que estuvo 20 años prófugo.
