El diputado bonaerense de la UCR + Cambio Federal, Valentín Miranda, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para prorrogar por dos años más la suspensión de exámenes orales obligatorios en el proceso de selección de jueces en la provincia de Buenos Aires, lo que extendería hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de las modificaciones introducidas a la Ley del Consejo de la Magistratura por la pandemia.
La iniciativa de Miranda busca ampliar el alcance de la Ley 15.316, sancionada en 2021, que suspendió de forma excepcional y temporal dos artículos clave de la Ley 11.868: el 25, que establece la obligación del Consejo de la Magistratura de convocar semestralmente a concursos de oposición, y el 26, que impone el requisito de rendir un examen oral como parte del proceso.
En tanto, el argumento central del diputado bonaerense es que, si bien se registraron avances significativos en la regularización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, aún subsisten numerosos concursos pendientes y más de 380 vacantes en el Poder Judicial bonaerense que requieren una resolución urgente para evitar el colapso del sistema.
De esta manera, el texto ingresado en la Cámara de Diputados establece que la suspensión excepcional de estas exigencias se mantendrá hasta fines de 2027, y remarca que esta medida “ya había sido prorrogada” una vez mediante la Ley 15.478. Así, la extensión del plazo permitiría continuar con el saneamiento de la estructura judicial mientras se fortalecen los procedimientos de evaluación.
El diputado del radicalismo señaló que, entre 2020 y 2023, el Consejo de la Magistratura tomó más de 17.000 exámenes de oposición en las distintas jurisdicciones, lo que refleja una “clara voluntad de normalización”, aunque consideró necesario brindar más tiempo institucional para que el organismo termine de cubrir las vacantes existentes.
Además, el proyecto de Miranda destaca que durante este período se implementaron mejoras tecnológicas importantes como la inscripción digital a los concursos, la toma virtual de exámenes y la digitalización del sistema, lo que le permitió al Consejo de la Magistratura recuperar parte del tiempo perdido durante la emergencia sanitaria y adaptarse a nuevas formas de trabajo.
Por caso, la ley 15.316 había sido impulsada originalmente para atender la parálisis que afectó al Consejo durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. El funcionamiento remoto y las restricciones sanitarias dificultaron tanto la convocatoria de concursos como la evaluación oral de los postulantes, por lo que se optó por una suspensión temporal de esas obligaciones legales.
Sin embargo, al finalizar la emergencia, el sistema todavía mostraba signos de atraso estructural que no pudieron resolverse por completo en los plazos previstos, lo que llevó a una primera prórroga. Ahora, el proyecto de Miranda plantea una nueva extensión de dos años para que se garantice la transparencia y eficiencia en el proceso de selección, sin dejar al Poder Judicial con la cobertura de cargos clave.
Es preciso mencionar que, en la actualidad las vacantes sin cubrir en el Consejo de la Magistratura generan demoras en el dictado de sentencias, sobrecarga en los juzgados activos y dificultades para la administración de justicia en todo el territorio bonaerense, especialmente en fueros sensibles como el penal, el civil y el laboral.
