La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires deberá analizar y determinar si las instancias judiciales previas incurrieron en una omisión al declarar la prescripción de una causa por abuso sexual intrafamiliar cometida contra una menor de edad en La Plata, obviando la aplicación de convenios y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El expediente tiene como imputado a Jorge Osmar Montes de Oca, acusado por los delitos de «Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo» en perjuicio de su propia hija, Florencia Montes de Oca. La víctima —quien recientemente decidió hacer pública su identidad— radicó la denuncia formal el 21 de febrero de 2009, cuando contaba con 14 años. En su exposición, relató que los sometimientos comenzaron a sus 6 años y se extendieron de forma sistemática durante un quinquenio.
Pese a que la joven completó la totalidad de las pericias psicológicas, médicas y declaraciones en Cámara Gesell requeridas por el Fuero Penal la platense, el acusado se dio a la fuga y permaneció con pedido de captura nacional e internacional durante casi 13 años.
Aparición en redes, pista en San Luis y una fugaz detención
Tras años de parálisis en el expediente, en noviembre de 2021 la víctima hizo público su reclamo en una entrevista televisiva. A raíz de la difusión, un usuario de redes sociales le aportó el dato preciso sobre el paradero de su progenitor en la provincia de San Luis, donde había rehecho su vida, formado una nueva familia y montado un comercio del rubro indumentaria.
Con el domicilio recabado, la División Unidad Operativa Federal San Luis de la PFA concretó la captura de Montes de Oca el 9 de diciembre de 2021 en la vía pública de la capital puntana. Sin embargo, la privación de la libertad duró escasas jornadas:
Hábeas Corpus: La defensa del imputado planteó un recurso sosteniendo que la acción penal se encontraba extinta de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo.
Excarcelación inmediata: El 14 de diciembre de 2021 —solo cinco días después de su detención— las autoridades judiciales le otorgaron la libertad absoluta.
«Atravesé todas las pericias y evaluaciones que me pidieron. Confiamos en la Justicia, pero el hombre al que denuncié se fugó y la propia inacción del sistema terminó beneficiándolo con el paso del tiempo», manifestó Florencia a través de sus redes.
La contienda en el Máximo Tribunal provincial
Luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata confirmara el cierre del caso por prescripción, la representación legal de la víctima articuló un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recientemente, los jueces Ricardo Borinsky y Daniel Carral, integrantes de la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense, declararon parcialmente admisible el recurso y ordenaron elevar el caso a la Suprema Corte provincial para que revise si existió una violación a las garantías de protección de la niñez frente a actos de violencia sexual.
El planteo de la querella: La controversia central que deberá saldar el Máximo Tribunal gira sobre la aplicabilidad de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. La defensa de la joven sostiene que se aplicó un criterio formal de plazos sin evaluar el contexto de vulnerabilidad intrafamiliar ni la fuga del acusado. «No les pido que lo condenen sin juicio, les pido que no me quiten la posibilidad de tenerlo», reclamó Florencia.
