En las últimas horas, el titular del bloque PRO en el Senado, Pablo Petrecca, se plegó a la agenda que prima en la Legislatura bonaerense y presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y reemplazar el esquema vigente por un sistema de comunicación digital supervisado por el Estado.
Es preciso mencionar que, la propuesta que Petrecca presentó este miércoles se suma a las medidas redactadas por la referente del Frente Renovador en el Senado, Malena Galmarini, y por el bloque Hechos – UCR Identidad. A través de distintos mecanismos, las tres normativas buscan lo mismo: prohibir el uso de dispositivos en las cárceles bonaerenses, en un intento por frenar las estafas y extorsiones que son orquestadas por los propios reclusos desde sus celulares.
La iniciativa del legislador amarillo busca dejar atrás el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, implementado en 2020 durante la pandemia, que permitió el uso de dispositivos móviles ante la suspensión de visitas por el coronavirus, y que en la actualidad continúa vigente sin un marco legal aprobado por la Legislatura, alcanzando a unos 49.000 detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
En ese sentido, el texto parlamentario propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada diseñada para garantizar que los internos puedan mantener contacto con el exterior únicamente a través de canales autorizados, ya que el sistema limitará las comunicaciones a contactos previamente registrados y verificados por las autoridades, además de impedir el acceso a internet abierto y a redes sociales, con el objetivo de asegurar trazabilidad y control sobre cada interacción.
De esta manera, el esquema propuesto por Petrecca expone que los detenidos que cuenten con dispositivos móviles estarían cometiendo una falta grave, lo que los deja plausibles a recibir sanciones que impactan en las salidas transitorias o regímenes de libertad asistida, en línea con la intención de reforzar el control dentro de los establecimientos y evitar que los dispositivos sean utilizados para la comisión de delitos.
“Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos. Si desde su interior se coordinan extorsiones, amenazas o estafas, el Estado tiene que intervenir con reglas claras”, sostuvo el senador del PRO en el documento que ingresó a la Legislatura bonaerense.
En tanto, Petrecca contempla mecanismos específicos de control y seguimiento para la implementación de su proyecto, entre los que se destacan la obligación de remitir informes anuales a la Legislatura bonaerense sobre el funcionamiento del sistema, la posibilidad de supervisión judicial ante eventuales restricciones y la firma de convenios con empresas de telecomunicaciones para bloquear dispositivos no autorizados dentro de los establecimientos, lo que apunta a garantizar una implementación con respaldo institucional.
Asimismo, la iniciativa incorpora un capítulo particular destinado al sistema penal juvenil, en el que se establecen reglas diferenciadas que buscan compatibilizar el derecho a la comunicación con la necesidad de supervisión estatal, mientras que desde el entorno del senador subrayaron que el objetivo es “transformar un esquema surgido en la emergencia en una política pública estructural, con reglas claras, control efectivo y equilibrio entre derechos individuales y seguridad pública”.
Prohibición total y control tecnológico
La propuesta de Petrecca no quedó aislada dentro del debate legislativo, sino que se inscribe en un escenario donde distintos bloques comenzaron a presentar proyectos con un mismo diagnóstico: los reclusos usan sus celulares para delinquir desde las cárceles. No obstante, los distintos textos cuentan con diferencias sustanciales en la forma de abordarlo, especialmente en relación con el grado de restricción, el rol del Estado en la gestión de las comunicaciones y las herramientas tecnológicas a implementar.
En esa línea, la senadora Galmarini presentó una propuesta que también plantea la prohibición de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias, aunque a diferencia del esquema de Petrecca pone énfasis en el despliegue de infraestructura tecnológica de bloqueo al establecer la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses en un plazo máximo de 180 días, junto con controles y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini en los fundamentos del escrito, donde remarcó que el eje de su propuesta no se limita al orden interno de los penales, sino que apunta a proteger a las víctimas de estafas y extorsiones.
A diferencia del modelo de Petrecca, que propone reemplazar el uso de celulares por una plataforma digital cerrada con trazabilidad y supervisión, la iniciativa del massismo combina la prohibición con un enfoque de bloqueo de las comunicaciones ilegales, aunque mantiene la posibilidad de contacto a través de sistemas supervisados.
Por su parte, el bloque de senadores de Hechos – UCR Identidad avanzó con un proyecto que se alinea en términos generales con la idea de prohibición estricta, pero al mismo tiempo propone eliminar toda normativa que haya habilitado el uso de celulares desde la pandemia, con el objetivo de “restablecer el orden jurídico”. Es decir, exactamente lo mismo que plantea Petrecca con relación al “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”.
