Avanza el proyecto de traslado de los hoteles de Chapadmalal a Provincia

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En medio de una intensa discusión política y legislativa, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría la media sanción del proyecto de ley que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad de la Unidad Turística Chapadmalal, instruyendo al Poder Ejecutivo a iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional.

La iniciativa, impulsada por la senadora marplatense Fernanda Raverta desde el bloque peronista, surge como respuesta al plan de la administración de Javier Milei que busca entregar en concesión por un plazo de 30 años las instalaciones destinadas históricamente al turismo social.

El fundamento central de la propuesta radica en que los terrenos originarios fueron cedidos por la Provincia a la Nación en 1945 con el cargo exclusivo de sostener el acceso popular al descanso. Al intentar privatizar o concesionar el espacio, la Provincia entiende que se ha producido una «desnaturalización del fin social originario».

Acciones judiciales, cruces en el recinto y rechazo de la oposición

El texto normativo declara la intención de asunción de dominio y encomienda a la Fiscalía de Estado de la Provincia a interponer de forma urgente las medidas cautelares y demandas de restitución o retrocesión patrimonial correspondientes ante los tribunales competentes.

Durante la sesión, Raverta trazó un recorrido histórico del complejo fundado durante el peronismo y remarcó la necesidad de «reparar el incumplimiento del cargo de uso público». En contraste, los senadores marplatenses Guillermo Montenegro (PRO) y Cecilia Martínez (La Libertad Avanza) alzaron la voz en contra del proyecto respaldando el modelo de concesión privada impulsado por la Casa Rosada, aunque la votación terminó favoreciendo la postura del oficialismo provincial.

Alcance de la ley: «Instrúyase a la Fiscalía de Estado a interponer las acciones judiciales para obtener la reivindicación o retrocesión de los inmuebles fundadas en la desviación de su finalidad pública y la defensa del patrimonio histórico», sostiene uno de los artículos clave de la norma aprobada que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados bonaerense.

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