El Juzgado de Garantías N.º 4 de Berazategui resolvió elevar a juicio oral la causa penal que se sigue contra el sacerdote Franco Lutens, exencargado de la Parroquia Virgen María Madre del Pueblo, acusado por graves delitos contra la integridad sexual.
La medida dictada por el juez Francisco Arturo Martínez Garmendia responde al pedido formulado por la fiscal Bárbara Velasco, titular de la UFIJ N.º 8 de Quilmes, rechazando de manera categórica el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del acusado.
Lutens llegará al debate oral en condición de detenido y privado de su libertad. Está imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal e intimidación espiritual, agravados por su condición de ministro de culto, en concurso real con corrupción de menores.
Según consta en el expediente, los hechos juzgados penalmente ocurrieron entre los años 2020 y 2023 en perjuicio de un joven que comenzó a desempeñarse como monaguillo desde sus 16 años, tiempo durante el cual sufrió reiterados abusos de poder y manipulaciones emocionales.
Un precedente judicial histórico para Quilmes
Más allá de la elevación a debate por la causa principal, la resolución sienta un fallo sin precedentes al ordenar simultáneamente la realización de un Juicio por la Verdad para juzgar otros dos episodios denunciados contra el religioso.
Si bien la acción penal sobre estos dos hechos fue declarada extinguida por prescripción —al haber sucedido entre 1998 y 2012—, el magistrado hizo lugar al reclamo de la abogada querellante María Fernanda Raia, garantizando el derecho inalienable de las víctimas a la tutela judicial efectiva.
En sus fundamentos, Martínez Garmendia remarcó que el paso del tiempo extingue la posibilidad de imponer una condena de prisión, pero no anula la existencia de los delitos ni el derecho de los damnificados a que lo vivido sea acreditado públicamente.
Unificación de debate: Respaldado en la Convención sobre los Derechos del Niño y con el objetivo de evitar la revictimización, el magistrado dispuso que el Tribunal Oral en lo Criminal que resulte sorteado unifique en un mismo proceso tanto el juzgamiento penal como la sustanciación del Juicio por la Verdad.