El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro, presentó su informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026. Los datos revelan que, en lo que va del año, se produjeron 74 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, además de 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
El relevamiento detalla las consecuencias sociales de estos crímenes: 97 hijos e hijas se quedaron sin madre tras los asesinatos, de los cuales el 62% son menores de edad.
El hogar como principal escenario
De acuerdo con las estadísticas judiciales y policiales analizadas, el 59% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Asimismo, el informe ratifica que la vivienda sigue siendo el lugar de mayor riesgo para las mujeres en situación de violencia, ya que el 72% de los crímenes ocurrieron en el hogar de la víctima o en el domicilio compartido con el victimario.
En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires continúa liderando la estadística nacional en términos absolutos, seguida por las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.
Denuncias previas y tentativas
El observatorio también puso el foco en la eficacia de las medidas de protección. Se registraron 172 tentativas de femicidio que actualmente se encuentran bajo seguimiento judicial. Del total de mujeres asesinadas, el 17% ya había realizado denuncias previas contra sus atacantes, lo que expone las falencias en la implementación de medidas preventivas por parte de la Justicia.
Debate por el proyecto de «falsas denuncias»
El informe se publica en coincidencia con el impulso oficial de un proyecto de ley sobre «falsas denuncias». Desde el organismo recordaron que, si bien el delito de «falso testimonio» ya se encuentra tipificado en el Código Penal, la iniciativa busca incluir un agravante específico vinculado al género.
Expertos y organizaciones del sector advierten que la implementación de este agravante podría tener como consecuencia inmediata un desincentivo a la hora de realizar denuncias en las comisarías, en un contexto donde los índices de violencia de género y asesinatos no muestran un descenso en el territorio nacional.
