La mega causa que investiga la red de atención médica clandestina montada bajo el nombre de “Argentina Salud” sumó un nuevo y alarmante capítulo que agrava sensiblemente la situación de los implicados. Fuentes judiciales ligadas al caso confirmaron que más de 30 escuelas e instituciones públicas denunciaron haber contratado los servicios de la firma ilícita, lo que revela la enorme capilaridad que la organización había logrado alcanzar en la región.
Frente a esta avalancha de nuevas pruebas, el fiscal de la causa, Fernando Garate, dispondrá en las próximas horas la ampliación de las imputaciones contra los sospechosos debido a los nuevos hechos delictivos incorporados al expediente. La pesquisa judicial ha permitido desmenuzar el modus operandi de la banda, que utilizaba un verdadero esqueleto ilegal para comercializar prestaciones médicas espurias desde su base de operaciones en la localidad de González Catán.
Seis detenidos en la mira y el dueño acorralado
En la actualidad, la causa cuenta con seis personas formalmente detenidas, entre las que se destaca Alberto Santarceri, sindicado por los investigadores como el dueño y máximo responsable de la firma «Argentina Salud». Esta semana, además de las nuevas imputaciones, la fiscalía avanzará con una serie de requerimientos para tomar declaración testimonial a nuevos testigos clave que podrían aportar detalles sobre otros rubros estafados por la organización.
El trasfondo de esta estructura delictiva comenzó a destrabarse de forma definitiva gracias a las confesiones de los propios médicos y falsos profesionales que prestaban servicios en el lugar, cuyas declaraciones indagatorias resultaron fundamentales para los sabuesos judiciales.
Sellos robados, médicos extranjeros sin aval y guardias de 24 horas
Uno de los testimonios más crudos fue aportado por un imputado identificado bajo las iniciales C.C., quien admitió ante las autoridades ser doctor graduado en Bolivia, pero reconoció que no cuenta con la convalidación ni la habilitación correspondiente para ejercer la medicina en la Argentina.
El falso profesional detalló que una compañera lo contactó directamente con el empresario Alberto Santarceri para incorporarlo al staff médico. Según su relato, fue el propio Santarceri quien le hizo entrega de un sello apócrifo a nombre del doctor Gonzalo La Torre y le asignó un espacio físico para atender pacientes en una oficina ubicada en la localidad de Virrey del Pino.
Entre los detalles más escandalosos de su declaración testimonial, el acusado sumó que:
Cada vez que los móviles de la firma salían a la vía pública en ambulancia, los tripulantes llevaban fajos de certificados médicos previamente sellados en blanco para justificar licencias o traslados.
La remuneración por las tareas clandestinas asignadas ascendía a 80.000 pesos por cada guardia de 24 horas de corrido.
Asimismo, el fiscal Garate recibió otra declaración de alto impacto para la causa. Se trata del testimonio de D.S., una mujer que confirmó ante la Justicia poseer el título de médica obtenido en Cuba, pero aclaró que tampoco se encuentra habilitada por las leyes argentinas para ejercer la profesión en el territorio nacional. La imputada confesó de forma llana que recibía pacientes y recetaba medicamentos utilizando un sello profesional ajeno que le había sido provisto de forma directa por Santarceri para enmascarar la ilegalidad del servicio.
Con el nuevo mapa de instituciones damnificadas, la Justicia busca determinar si el esqueleto de «Argentina Salud» emitió aptos físicos escolares falsos o coberturas de emergencias médicas viciadas de nulidad dentro de los colegios de la zona, lo que podría configurar un peligro incalculable para la salud de cientos de alumnos bonaerenses.
