En el marco de la creciente preocupación por los episodios de inseguridad y conflictividad en los establecimientos educativos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantiene vigente un esquema de intervención detallado. Se trata de la «Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar», una herramienta que establece pasos obligatorios para directivos y docentes ante hechos de violencia.
Los puntos centrales del protocolo
El protocolo bonaerense se estructura sobre la base de la corresponsabilidad y la intervención inmediata. Estos son los ejes principales que deben seguir las instituciones ante un episodio crítico:
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Cadena de notificación urgente: Ante cualquier hecho de violencia o amenaza (como los recientes mensajes intimidatorios en escuelas de La Plata), se activa una vía de reporte jerárquico. Las autoridades del colegio deben comunicar el hecho de forma inmediata a los inspectores de área y jefaturas distritales.
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Abordaje según el origen de la agresión: La normativa distingue entre agresores externos e internos. Si el atacante es ajeno a la institución, se procede con la denuncia policial y se informa a la Asesoría de Menores e Incapaces. Si el conflicto es entre alumnos, se priorizan los «acuerdos de convivencia» y la intervención de los equipos de psicología.
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Preservación y cuidado de la víctima: El protocolo prohíbe explícitamente las acciones de mediación directa entre la víctima y el agresor en casos graves. Se debe garantizar la confidencialidad, evitar la revictimización y apartar a la persona afectada de cualquier contacto con el presunto autor del hecho.
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Manejo de la comunicación: En situaciones de alta repercusión mediática, la guía establece que las instituciones deben designar un vocero (generalmente un directivo) y centralizar la información para evitar la circulación de datos que vulneren la intimidad de los menores involucrados.
Prevención y seguimiento
Más allá de la emergencia, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) enfatiza que la intervención no termina con el hecho puntual. El protocolo exige un seguimiento posterior que incluye la articulación con otros efectores del Estado, como centros de salud o servicios locales de protección de derechos.
La normativa actual busca sustituir la práctica de la «derivación» de casos por un sistema de gestión compartida, donde la escuela es el primer nodo de contención pero trabaja en red con la justicia y los organismos de seguridad provincial.
Investigación en curso
Las autoridades provinciales informaron que se están reforzando los mecanismos de alerta temprana, especialmente frente a las nuevas modalidades de violencia digital y amenazas que alteran el normal funcionamiento de las clases en el Conurbano y el Gran La Plata. La investigación de estos hechos queda bajo la órbita de las fiscalías locales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Este video de YouTube analiza las leyes y normativas vigentes sobre bullying y violencia escolar en la provincia, brindando un contexto adicional sobre cómo las escuelas deben adaptar sus reglamentos internos.
