Escalada: denunció a su ex por violentas amenazas y teme por su vida

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Un dramático testimonio conmueve a la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Belén Bullo, una vecina y madre de familia, denunció públicamente que vive bajo una constante pesadilla debido a las reiteradas agresiones, acosos y amenazas de muerte que sufre por parte de su expareja, de quien se separó hace tiempo.

En diálogo con el programa de streaming Política del Sur, la joven relató que fue sometida durante años a violencia física, verbal, sexual, psicológica y económica. A pesar de haber radicado múltiples denuncias judiciales y de contar con medidas perimetrales de restricción, el agresor continúa hostigándola impunemente.

«Yo lo perdoné varias veces, entiendo que por ese lado no me dan bolilla. Están esperando que me mate. Su familia también me amenaza», sostuvo desesperada al describir el contexto de desprotección que atraviesa en la zona sur del Conurbano.

Un incendio intencional, acoso digital y la inacción de la Justicia

Entre los hechos más graves denunciados por Belén, la joven recordó dos episodios que considera auténticos intentos de homicidio, destacando el momento en que el acusado prendió fuego su vivienda con sus dos hijos menores de edad en el interior.

A la violencia física se le suma un severo control sobre su vida cotidiana y digital: la víctima denunció que el sujeto tendría hackeado o intervenido su dispositivo móvil, lo que le permite cambiar sus contraseñas de redes sociales y mantener una vigilancia constante sobre sus movimientos.

  • Amenazas de muerte directas: «Ya dijo que quiere matar a mis hijos, y que si va a la cárcel, va a mandar a alguien», alertó Belén con extrema preocupación.

  • Falta de respuestas judiciales: «Es una impotencia. La Justicia no hace nada, parece que está buscando que me tire abajo del tren», lamentó durante la entrevista.

Un reclamo urgente de protección: Belén y su entorno familiar exigen la intervención urgente de la fiscalía interviniente del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y de los organismos de protección a la víctima para frenar el hostigamiento antes de que el caso se transforme en una tragedia anunciada.

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