La causa que investiga el funcionamiento de una presunta organización criminal enquistada en la Unidad Penal N.º 31 de Florencio Varela sumó un elemento de prueba clave. Un grupo de internos alojados en dicho penal aportó a la Justicia un comprobante de transferencia bancaria que acreditaría el pago directo de cohecho desde la cúpula de un pabellón hacia la máxima autoridad de seguridad del establecimiento.
La documentación fue oficialmente incorporada al expediente que tramita ante la UFI N.º 9 Descentralizada de Florencio Varela. Se trata de una transacción por $300.000 realizada a través de la plataforma Mercado Pago el pasado 7 de junio por el hijo de un detenido alojado en el Pabellón 1 con destino a la cuenta personal del entonces jefe del Penal, el subprefecto Lucas Sergio González.
En la presentación judicial, los denunciantes remarcaron que la constancia representa un «elemento de prueba técnico-financiero irrefutable del circuito de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos», cuyo fin era garantizar una «zona liberada» para el acopio y comercialización de marihuana y cocaína dentro del penal, evitando las requisas institucionales.
Extorsiones intramuros, falsos traslados y operativo de la DDI
Según se desprende de la acusación, los pagos periódicos a las autoridades penitenciarias no solo amparaban el almacenamiento de drogas en cisternas comunes de agua, sino que otorgaban cobertura a la facción denominada «La Comitiva» o «Limpiezas y Mantenimiento» —integrada por exmiembros de fuerzas de seguridad— para propinar golpizas, cobrar cánones extorsivos a otros reclusos y confeccionar falsos informes en computadoras oficiales a fin de justificar la expulsión de víctimas y comercializar las plazas habitacionales.
Si bien el subprefecto González fue relevado de su cargo en julio tras una denuncia por violencia de género, los internos señalaron que las maniobras irregulares persisten bajo la gestión de José Othasegui, al tiempo que denunciaron filtraciones previas en los procedimientos judiciales.
Investigación e imputados: En el marco de las actuaciones, un operativo realizado por la DDI Quilmes derivó en la imputación de 11 internos —entre ellos Roberto Carlos Echeverría, Juan Alejandro Osuna Aguirre y Rubén Darío García— y el secuestro de 13 teléfonos celulares, dos de los cuales fueron hallados en el interior de la propia oficina del Subdirector del penal.
