En el marco del debate legislativo por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, autoridades de 16 provincias argentinas presentaron este jueves en el Senado de la Nación un preocupante informe federal que expone un incremento drástico en la demanda de atención y una presión sin precedentes sobre el sistema sanitario público.
El relevamiento, coordinado técnicamente por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), reunió información provista por las máximas carteras sanitarias de 14 jurisdicciones que representan al 70,85% de la población del país.
Según los datos presentados, en el último año las consultas ambulatorias por salud mental crecieron un 23%, mientras que las internaciones experimentaron una suba del 42% entre los años 2023 y 2026 (con un salto del 12% registrado únicamente en los últimos doce meses).
El estudio evidencia además un crecimiento sostenido en la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, a la par de una afluencia masiva de usuarios que perdieron la cobertura de obras sociales o prepagas y debieron recurrir al sistema estatal.
Las autoridades provinciales vincularon directamente este fenómeno con el deterioro del panorama socioeconómico, el aumento del desempleo y la pérdida de contención comunitaria, factores que impactan en la salud psíquica de la población.
Desfinanciamiento nacional y reparos a la reforma legal
A pesar de los esfuerzos locales por ampliar la respuesta —que incluyeron la incorporación de al menos 388 camas específicas en hospitales generales entre 2021 y 2026 y la expansión de centros de día y viviendas asistidas—, las provincias advirtieron que las capacidades públicas se encuentran al límite.
Asimismo, remarcaron que los estados provinciales debieron asumir con fondos propios programas, insumos y partidas de medicamentos que anteriormente contaban con financiamiento del Gobierno nacional.
En ese contexto, las autoridades sanitarias expresaron su encendida preocupación ante los proyectos de modificación de la Ley N.º 26.657 que se discuten en el Congreso.
Consideran que las reformas planteadas no resuelven los problemas estructurales de infraestructura y personal, introducen nuevas barreras de acceso a la salud y suprimen garantías históricas sin garantizar los recursos económicos necesarios.
Provincias participantes: El informe fue suscripto por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, sumándose también al encuentro representantes de Entre Ríos y Río Negro.
