El diputado bonaerense del monobloque Derecha Popular, Juan José Esper, presentó en la Legislatura provincial una polémica iniciativa que busca habilitar la construcción, el mantenimiento y la gestión operativa de cárceles privadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La propuesta contempla un esquema mixto de concesión con control estatal, definido bajo el modelo de Participación Público-Privada (PPP).
“El Estado deja de ser un ‘constructor’ para pasar a ser un ‘comprador de servicios’, pagando solo por plaza disponible y ocupada, lo que garantiza estándares de mantenimiento que hoy el Estado no puede sostener”, argumentó el legislador de la Primera sección electoral al defender el proyecto.
Infraestructura y doble comando en la seguridad
De acuerdo al texto parlamentario, las empresas concesionarias privadas podrán hacerse cargo del diseño, financiamiento y construcción de la infraestructura penitenciaria. Además, el contrato abarcará los servicios de hotelería, alimentación, limpieza, salud, asistencia psicológica y los programas de capacitación laboral y talleres industriales para los internos.
Para su funcionamiento, Esper propone dividir las tareas dentro de los penales en dos estructuras bien diferenciadas:
-
Control Externo: Quedará bajo la órbita exclusiva del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que mantendrá la custodia legal de los internos, la potestad disciplinaria máxima, la seguridad perimetral exterior y el traslado de los detenidos.
-
Control Interno: Personal civil contratado por las empresas concesionarias estará a cargo de la seguridad interior, la administración cotidiana y el tratamiento penitenciario diario.
Límites, auditorías y convenios laborales
El proyecto del exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) fija límites explícitos para evitar la desregulación total y garantizar los Derechos Humanos. La iniciativa contempla la creación de una Auditoría Externa de Cárceles Privadas, que deberá supervisar de manera mensual el estado edilicio, la calidad nutricional y los índices de reincidencia. Cualquier incumplimiento grave de estos estándares habilitará la rescisión inmediata del contrato sin derecho a indemnización para la prestataria.
Asimismo, ante una tasa de reincidencia general que roza el 45% en el sistema actual, el expediente obliga a las firmas privadas a acreditar convenios con empresas externas para garantizar salidas laborales reales a los internos una vez que hayan cumplido la condena.
El diagnóstico del hacinamiento
En los fundamentos del escrito, el referente de San Miguel justificó la urgencia de la medida al trazar un duro panorama sobre la realidad carcelaria provincial, advirtiendo que algunas unidades superan el 100% de sobrepoblación.
“Esta sobrepoblación anula cualquier intento de tratamiento penal, convirtiendo a las cárceles en ‘escuelas del delito’ financiadas por el contribuyente. El Estado ha demostrado ser un administrador ineficiente de la infraestructura”, reclamó Esper. El diputado concluyó que, mientras la obra pública tradicional demora entre 5 y 8 años por trabas burocráticas, el modelo PPP trasladaría el riesgo financiero y operativo al sector privado de manera inmediata.
