Dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) formalizaron este martes el pedido de juicio político contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, quien semanas atrás había dictado una medida cautelar para suspender por 60 días la aplicación de la reforma del Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La presentación judicial y política fue encabezada por el diputado nacional y vicepresidente de LLA en suelo bonaerense, Alejandro Carrancio, quien argumentó que la magistrada «excedió los límites de su función al dejar sin aplicación una norma nacional debidamente sancionada por el Congreso».
La medida original de la jueza se había originado en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad. En su fallo, Pascual advirtió sobre la supuesta falta de infraestructura y condiciones materiales mínimas en el Estado para afrontar la ampliación del universo penal, señalando que el Poder Judicial debía intervenir preventivamente ante una eventual violación de derechos.
Revocatoria de la Cámara y el debate de fondo
La resolución de la magistrada lomense desató un inmediato revuelo político y un aluvión de críticas tanto desde el oficialismo nacional como desde sectores del PRO. Ante esto, la Sala I de la Cámara departamental, integrada por los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi, revocó el fallo al considerar que un juez de primera instancia no puede suspender con alcance general la vigencia de una ley nacional mediante una cautelar.
En el escrito presentado por los dirigentes libertarios se remarca que el accionar de Pascual interfirió directamente en una atribución exclusiva del Poder Legislativo y cuestionaron que la medida se haya generalizado a toda la provincia a partir de una situación focalizada en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora. Asimismo, reclamaron que el Jurado de Enjuiciamiento analice su conducta y evalúe su apartamiento preventivo mientras dure el proceso.
Los ejes de la nueva ley: La Ley 27.801, impulsada por el Gobierno nacional, modifica el esquema vigente desde 1980 e incorpora al sistema de responsabilidad a los adolescentes de 14 y 15 años, estableciendo un sistema especial que prioriza medidas socioeducativas, la reparación del daño, restricciones de conducta y el monitoreo electrónico para delitos específicos, con penas de prisión efectiva reservadas exclusivamente para los casos más graves.
