Luego de intensas negociaciones y de los idas y vueltas en torno al decreto reglamentario dictado por la vicegobernadora Verónica Magario, el armado de comisiones en la Cámara alta provincial finalmente se destrabó. El senador bonaerense de La Cámpora, Emmanuel González Santalla, revalidó esta semana su conducción al frente de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA). Desde ese sillón clave, el legislador camporista ya anticipó que la prioridad absoluta de su agenda será avanzar con fuerza en la cobertura de las cuatro sillas vacías que arrastra la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La recomposición del Máximo Tribunal se transformó en una bandera de los legisladores y terminales políticas de La Cámpora, quienes buscan saldar una deuda institucional que arrastra la gestión del gobernador Axel Kicillof prácticamente desde el inicio de su mandato, agravada en los últimos tiempos por la falta de acuerdos políticos.
Un tribunal diezmado al borde del colapso institucional
La situación de la Suprema Corte bonaerense es crítica. Tras la renuncia del ministro Luis Genoud en junio de 2024, el máximo órgano judicial de la provincia está próximo a cumplir dos años funcionando con apenas tres de sus siete integrantes (Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres). Esta reducción extrema mantiene al tribunal bajo una fuerte presión institucional y obliga a un constante juego de conjueces para poder dictaminar.
Para activar los nombramientos, el ala camporista deberá coordinar acciones con el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Martín Mena, quien ya transmitió la orden de blindar políticamente las vacantes de la Corte para tenerlas resueltas “antes de fin de año”. Según lo establece el artículo 175 de la Constitución Provincial, las designaciones requieren obligatoriamente el aval formal del Gobernador y el voto afirmativo de la mayoría absoluta del Senado, un número que exige un aceitado consenso con la oposición.
Centenares de pliegos en lista de espera en los tribunales del Conurbano
Más allá de las cuatro codiciadas sillas de la Corte, la parálisis judicial golpea de lleno a los departamentos judiciales de la región. “Tenemos más de 200 pliegos de servicios de administración de justicia que ya tienen armadas las ternas en el Consejo de la Magistratura y estarían por enviarse a la comisión”, reveló Santalla en diálogo con medios parlamentarios, al tiempo que advirtió que existen otros 300 pliegos adicionales trabados a la espera del armado de ternas.
La tarea no es nueva para la comisión de ACA, que funciona como el filtro indispensable para evaluar expropiaciones, conflictos de poderes y los pliegos de magistrados. El año pasado, el cuerpo logró despachar un total de 224 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales que llevaron algo de alivio a los tribunales del Conurbano y el interior, incluyendo jurisdicciones calientes como Quilmes, La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín y Morón.
Negociación interna y la conformación del cuerpo
Santalla reconoció abiertamente que la demora en la constitución de la comisión se debió a las severas discusiones internas que atraviesan al frente oficialista, sumado a los fuertes tironeos con las bancadas opositoras. “Había pedidos de todas las bancadas”, matizó el legislador de la Tercera Sección Electoral, haciendo referencia al esquema de reparto que adoptaron doce comisiones clave tras el decreto de Magario.
Para garantizar el equilibrio de fuerzas en una comisión que «requiere de máximo diálogo», el camporismo compartirá la conducción con sectores disidentes. La conformación definitiva del cuerpo de ACA quedó estructurada de la siguiente manera:
Presidencia: Emmanuel González Santalla (La Cámpora – Unión por la Patria).
Vicepresidencia: Sergio Vargas (Unión y Libertad).
Secretaría: Adrián Santarelli (Fuerza Patria).
Vocales: Fernando Coronel, Sergio Berni, Mario Alberto Ishii, Amira Curi, Pedro Borgini y Malena Galmarini (por el oficialismo); Guillermo Montenegro y Juan Manuel Rico Zini (PRO); Gonzalo Cabezas, Carlos Curestis y María Luz Bambaci (La Libertad Avanza); y María Emilia Subiza (Hechos).
