Una investigación judicial iniciada tras una ola de más de 70 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de Moreno derivó este martes en siete allanamientos y la identificación de un grupo de adolescentes. Los implicados, alumnos de una escuela local, utilizaban redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir imágenes con armas y mensajes intimidatorios contra sus propios compañeros.
“Vamos a ir armados. Vas a ver una hermosa fiesta” y “Mañana te dejo como un colador”, son algunos de los textos que figuran en el expediente a cargo de la UFI N°6 de Responsabilidad Juvenil, encabezada por la fiscal Alejandra Piqué.
Mensajes y publicaciones en redes
La Justicia logró individualizar a los involucrados a través del análisis de chats y posteos en Instagram. En el material recolectado se observan fotos de al menos cuatro adolescentes posando con armamento y frases que advertían sobre posibles tiroteos.
En una de las historias de Instagram recuperadas por los investigadores, uno de los menores escribió: “Nos vamos a cobrar una por una todo lo que nos hicieron los giles del turno tarde”, mensaje que fue acompañado por la fotografía de una pistola. Otras publicaciones hacían referencia a la “Mafia de los Santis”, reforzando el tono de las amenazas.
Operativos y secuestro de material
La DDI de Moreno-General Rodríguez llevó adelante los procedimientos este martes. Según fuentes judiciales, algunos de los allanamientos resultaron positivos, permitiendo el secuestro de:
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Armas de fuego (que coincidirían con las exhibidas en las redes sociales).
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Teléfonos celulares y tablets.
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Computadoras y consolas de videojuegos.
Tras los operativos, los siete menores fueron identificados, destacándose que dos de ellos tienen 16 años y son legalmente punibles. Todos fueron notificados por el delito de intimidación pública y citados a indagatoria para este miércoles, debiendo concurrir acompañados por sus padres.
Embargos para los padres
En una medida que busca sentar precedentes económicos, la fiscalía —en coordinación con las agentes fiscales Érica Chiessi y Solange Castelli— solicitó embargos para los padres de los alumnos involucrados.
La decisión final sobre estos embargos recae sobre la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. Si bien aún no se determinó el monto exacto, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires será la encargada de calcular el daño ocasionado. El valor se establecerá en función de:
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Los gastos derivados de las investigaciones judiciales.
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El despliegue de los procedimientos policiales.
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Los costos operativos por la activación de protocolos de seguridad en las escuelas.
Desde la investigación aclararon que, a diferencia de otras amenazas masivas, en estos casos las clases no fueron suspendidas, aunque el clima de tensión obligó a la intervención directa de las fuerzas de seguridad y el fuero de responsabilidad juvenil.
