Al menos 50 estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini y del Nacional de Buenos Aires están involucrados en una red que desnudaba a sus compañeras mediante Inteligencia Artificial y comercializaba las imágenes alteradas a través de WhatsApp.
La maniobra salió a la luz a fines de junio, cuando varias alumnas de segundo año descubrieron la existencia de grupos en los que sus propios compañeros, amigos o exparejas compartían y vendían «packs» de fotos y videos manipulados digitalmente por sumas cercanas a los 1.000 pesos.
Pese a las denuncias institucionales, las protestas estudiantiles y las intervenciones del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes junto a la Línea 102, el clima de hostigamiento escaló en los establecimientos. «Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas», fue el desafiante mensaje que apareció escrito sobre un pupitre del Pellegrini.
La causa se encuentra radicada en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, y está caratulada como producción y difusión de imágenes de explotación sexual infantil. Actualmente, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) analiza los dispositivos para determinar la autoría, el circuito de comercialización y la traza del material.
Un fenómeno en expansión: Un informe de la Defensoría del Pueblo de CABA revela que el 49% de los estudiantes del AMBA reporta haber sufrido agresión en línea, mientras que el 43% de los jóvenes afirma haber recibido material tipo deepfake. El modus operandi ya registró antecedentes similares en provincias como San Juan, Córdoba y Salta.
Vacío legal y el desafío de la minoridad
El avance de la causa judicial se topa con un fuerte obstáculo técnico y normativo. Por un lado, los alumnos imputados fueron suspendidos de forma preventiva pero, al ser menores de edad, resultan no punibles bajo el esquema legal vigente. «Es un gran desafío la minoría de edad. Tenemos que determinar si las personas que cometieron estos delitos son impunes», explicó la fiscal Dupuy.
Por otro lado, Argentina no cuenta aún con una ley que tipifique y penalice de manera explícita la creación de desnudos falsos mediante Inteligencia Artificial, aunque existen proyectos frenados en el Congreso Nacional. Especialistas en gobernanza ética advierten que estos hechos constituyen actos directos de violencia de género digital que requieren respuestas judiciales especializadas y marcos urgentes de responsabilidad compartida.
