Una masiva e histórica ofensiva judicial contra las redes de ciberpedofilia se desplegó a lo largo del territorio bonaerense. En el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII, se ejecutaron esta semana un total de 121 allanamientos simultáneos. Entre los múltiples operativos, hubo uno que encendió de forma inmediata las alarmas de las brigadas del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General: la detención en el oeste del Conurbano de un hombre de 40 años que administraba de forma oculta unas 50 cuentas falsas en redes sociales con identidades de adolescentes.
“Fue como encontrar oro en polvo”, resumió al portal Infobae uno de los investigadores de la fuerza que participó de la irrupción en la vivienda. La causa judicial es coordinada de manera técnica por los fiscales Dr. Claudio Oviedo y Dra. Marisa Monti, al frente de las UFI N.º 5 y N.º 9 del Departamento Judicial de Morón, y cuenta con la intervención directa de los jueces de Garantías Laura Pinto, Ricardo Fraga y Jorge Rodríguez. La pesquisa penal preparatoria se inició formalmente a partir de alertas críticas remitidas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos, una entidad global que procesa las denuncias automatizadas de multinacionales tecnológicas como Meta, Google y Discord al detectar tráfico de material de abuso sexual infantil.
El búnker del sospechoso y las técnicas de «triage informático»
Según se pudo establecer a través de las actas de instrucción, el imputado de 40 años registraba al menos ocho reportes internacionales consecutivos por la distribución sistemática de este tipo de contenidos. Al irrumpir en el inmueble, las comisiones policiales hallaron una infraestructura de almacenamiento minuciosamente organizada: discos rígidos, memorias USB, teléfonos celulares y decenas de soportes ópticos clasificados con inscripciones manuscritas como “No toca botón” y “XXX”, además de los cuadernos donde resguardaba las claves de acceso de los 50 perfiles utilizados para interactuar en la web.
Extracción de evidencia en el lugar: Fuentes judiciales detallaron que, a diferencia de otros procedimientos ordinarios, los peritos informáticos cuentan con mandatos constitucionales específicos para inspeccionar de forma inmediata los dispositivos electrónicos encendidos dentro de la propiedad. Esta metodología busca neutralizar los sistemas automáticos de encriptación, cifrado o borrado remoto de datos. Para ello, los especialistas aplicaron un software de triage informático que permite extraer y resguardar la evidencia digital en la misma escena del allanamiento.
Análisis transnacional y un docente jubilado implicado
Una vez completado el secuestro preventivo del material tecnológico, los equipos forenses iniciaron una segunda fase de diagnóstico de urgencia. En primer término, se analiza el contenido para descartar de forma fehaciente que los menores de edad retratados formen parte del núcleo familiar inmediato del investigado. Posteriormente, las firmas digitales de las imágenes son cotejadas con la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) administrada por Interpol, un sistema internacional que determina si el material es inédito o si corresponde a víctimas que ya han sido identificadas y rescatadas en otros puntos del globo.
El macrooperativo provincial arrojó otros dos objetivos de relevancia para los magistrados de la zona oeste. Por un lado, se allanó la celda de un recluso alojado en las instalaciones de la Unidad Penitenciaria N.º 9, quien cumplía condena por amenazas en contexto de violencia de género; los pesquisas detectaron que el interno utilizaba dispositivos móviles para distribuir material de abuso e incluso mantenía contacto directo con una menor de edad desde el penal. Por otra parte, las comisiones policiales arrestaron a un docente jubilado de 65 años de edad, acusado de almacenar y publicar cerca de 1.800 imágenes de explotación infantil a través de servidores comerciales de almacenamiento en la nube.
Respecto de la severidad del encuadre legal que pesa sobre los detenidos, el titular de la UFI N.º 5 de Morón, Dr. Claudio Oviedo, trazó una firme analogía penal:
“En la República Argentina existen tres tipos de tenencias que la legislación reprime con penas efectivas de prisión: la de estupefacientes, la de armas de fuego sin la debida autorización estatal y la de imágenes de abuso sexual infantil. Tener imágenes de menores es penalmente equiparable a tener armas o drogas ilegales”, sentenció el funcionario judicial.
Oviedo concluyó remarcando que estos procedimientos se inscriben en una política de persecución penal sostenida por la Procuración bonaerense, referenciando como antecedente el emblemático caso de Orlando Tristán Novillo, el convicto condenado por cometer abusos mediante entornos digitales de comunicación.
