A diferencia de otros trabajadores del Estado, los policías de la provincia de Buenos Aires no pueden formar sindicatos ni agremiarse, debido a una serie de normas legales y constitucionales que así lo establecen. Esta situación genera debates periódicos, especialmente cuando emergen reclamos salariales o por condiciones laborales.
La prohibición se basa, principalmente, en lo dispuesto por la Ley 13.982 del personal policial bonaerense, que regula el régimen estatutario del personal policial. En su artículo 14, establece que los efectivos no podrán realizar medidas de fuerza, ni constituir asociaciones sindicales, ni participar en actividades políticas partidarias durante su servicio activo.
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado esta restricción, entendiendo que el carácter de fuerza de seguridad con funciones armadas y la jerarquía vertical que caracteriza a la institución son incompatibles con la sindicalización. El fundamento principal es que permitir agremiaciones podría afectar la operatividad y disciplina propias de la función policial.
Sin embargo, algunos sectores proponen avanzar en formas alternativas de representación, como asociaciones civiles de carácter profesional, que canalicen las inquietudes del personal sin quebrar las normas legales vigentes. En otras provincias, como Córdoba o Santa Fe, existen modelos de diálogo institucional que buscan evitar conflictos abiertos, como el ocurrido en 2020 cuando efectivos bonaerenses realizaron una protesta masiva.
El debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad sigue abierto, y aunque en la Provincia de Buenos Aires la prohibición sigue firme, las tensiones estructurales del sistema policial mantienen viva la discusión sobre los derechos laborales de quienes integran las fuerzas.
