El referente del GEN en Guaminí, Ignacio Zavaleta, presentó una iniciativa legislativa para municipalizar y descentralizar el servicio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en toda la provincia de Buenos Aires, proponiendo que la gestión, el control y los recursos queden en manos de las comunas.
El proyecto, encuadrado bajo los mecanismos de participación ciudadana que habilita la Ley Provincial N.º 10.589, plantea modificar de manera integral la Ley N.º 13.927 del Código de Tránsito bonaerense. El objetivo central es alinear la normativa provincial con el artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, el cual promueve la ejecución de las revisiones técnicas en los ámbitos municipales.
«El actual sistema centralizado lesiona severamente al interior provincial, obligando a los ciudadanos a recorrer largas distancias ante la escasez de plantas móviles y los turnos colapsados», fustigó el exconcejal y exprecandidato a intendente de Guaminí, al cuestionar el régimen de concesiones zonales concentradas que el Estado provincial regula desde mediados de la década de 1990.
Autonomía local y transferencia de recursos
La propuesta cobra especial relevancia en un contexto de marcada tensión financiera para las administraciones locales, atravesadas por la caída de la coparticipación y las disputas por los fondos de inversión municipal.
De acuerdo con el articulado diseñado por Zavaleta, cada municipio tendrá la facultad de dictar sus propias ordenanzas para definir la modalidad del servicio. Las comunas podrán optar por prestar la VTV mediante dependencias propias, conformar consorcios regionales con distritos vecinos o habilitar a talleres mecánicos privados locales que cuenten con certificación técnica. En este esquema, el Gobierno bonaerense se limitaría a actuar como un organismo de homologación para garantizar la validez provincial y nacional de las obleas.
Fondos con afectación específica: La reforma contempla además la modificación de la Ley N.º 14.497 de grabado de autopartes para transferir la fiscalización y el cobro del arancel a los municipios. El 100% de lo recaudado por ambos conceptos ingresará de forma directa a las arcas comunales, pudiendo destinarse exclusivamente a obras de infraestructura vial local, conservación de caminos rurales, señalización y equipamiento de las guardias urbanas de tránsito.
Fin de las concesiones monopólicas
Asimismo, el proyecto contempla la caducidad de las concesiones privadas vigentes, contratos prorrogados y decretos vinculados al modelo actual, prohibiendo de forma expresa la firma de nuevos acuerdos que otorguen exclusividades territoriales contrarias a la autonomía municipal.
«Ninguna reglamentación o prórroga contractual de carácter provincial puede subvertir la pirámide jurídica ni cercenar las facultades de los municipios para ejecutar una norma nacional de seguridad de la cual son los garantes primarios», enfatizó Zavaleta.
En los fundamentos de la propuesta, el dirigente del GEN apuntó de lleno contra el impacto económico del modelo vigente, al señalar que la municipalización permitirá desmantelar un «esquema de concesiones monopólicas» y recuperar para los distritos una caja calculada entre los 4.000 y 5.000 millones de pesos que, según denunció, actualmente permanece concentrada en manos de firmas multinacionales y corporaciones privadas.
