Con el objetivo de saldar una deuda histórica del Estado y garantizar una respuesta institucional adecuada, la diputada bonaerense del bloque de la Coalición Cívica (CC), Romina Braga, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para crear el Protocolo Provincial de Atención Integral para personas LGTBQI+ que se encuentren en situaciones de violencia. La iniciativa busca dotar a los organismos públicos de herramientas específicas para intervenir en estos contextos, evitando la discriminación y la revictimización de los damnificados.
Según advirtió la legisladora bonaerense, las personas de la comunidad LGTBQI+ enfrentan diariamente formas de violencia que presentan especificidades y complejidades que los dispositivos institucionales generales, diseñados bajo parámetros tradicionales, no están preparados para atender de manera eficiente.
Las especificidades de la violencia y el peso institucional
Al fundamentar la urgencia del proyecto, Braga mencionó problemáticas invisibilizadas como la ausencia de marcos legales que reconozcan acabadamente ciertas dinámicas de las relaciones de pareja entre personas del mismo género, o la violencia ejercida por las familias de origen hacia jóvenes que expresan una identidad o una orientación sexual no normativa.
Asimismo, el texto de la normativa pone el foco sobre una problemática estructural: la violencia institucional. El documento señala que diversos agentes del Estado han sido históricamente perpetradores de hostigamientos hacia la comunidad mediante detenciones arbitrarias o la utilización deliberada del nombre y género asignados al nacer como una herramienta de humillación en comisarías y oficinas públicas.
“Esta violencia institucional hacia las personas LGBTQI+ no es una anomalía residual, sino una pauta documentada que requiere una respuesta normativa específica”, subrayó la diputada bonaerense, remarcando que el desamparo no es casual sino sistémico.
Respeto a la identidad y control civil
Entre los puntos más destacados, el proyecto de ley establece la obligatoriedad del uso del nombre y género autopercibido en toda instancia de atención pública o judicial, independientemente de la documentación registral que la persona aporte en ese momento, consagrando un criterio alineado con la perspectiva de los derechos humanos.
En paralelo, para garantizar que la letra de la ley se traduzca en transformaciones reales, la normativa propone la creación de un Consejo Consultivo de implementación del protocolo. Este espacio estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil y de universidades nacionales con trayectoria en investigación sobre género y diversidad, asegurando un control y un monitoreo civil de la aplicación de la norma.
Anclaje institucional y antecedentes internacionales
Para evitar la burocratización del sistema, la diputada de la Coalición Cívica aclaró que la propuesta no demandará un gasto extraordinario en el organigrama estatal. “El proyecto adopta un diseño de alcance amplio para todos los organismos relevantes, pero anclado en la estructura institucional existente, particularmente en la Ley Micaela; es decir, no se crean estructuras nuevas, sino que se profundiza y especializa la capacitación y las herramientas de lo que ya existe”, detalló Braga.
La iniciativa toma como referencia múltiples experiencias internacionales y regionales exitosas. Entre ellas, se destaca el protocolo aprobado en México en 2019, que incorporó la figura del referente institucional de diversidad en cada dependencia pública, y el antecedente de la propia Ciudad de Buenos Aires, que ya cuenta con un protocolo focalizado en personas trans. Con este proyecto, se busca dar un marco de contención legal y urgente a una de las demandas más postergadas en el territorio bonaerense.
