En una definición de fuerte impacto educativo y social, el Senado de la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley que prohíbe y regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos con pantalla en las aulas de las escuelas secundarias, alcance que abarca a más de 1,4 millones de adolescentes en 4.040 establecimientos de gestión pública y privada.
La norma, compuesta por seis artículos, establece que los dispositivos deberán permanecer sin utilizar durante la jornada de clases, contemplando excepciones únicamente cuando sean requeridos de forma explícita por los docentes con objetivos pedagógicos.
Sin embargo, la puesta en marcha de la medida no será inmediata, ya que la Dirección General de Cultura y Educación deberá elaborar las reglamentaciones y criterios comunes de aplicación para todas las secundarias de la provincia.
Tensión política interna por la falta de reglamentación
El proyecto, impulsado en la Legislatura por el diputado Martín Rozas de Unión y Libertad, toma como referencia la norma que regula las pantallas en el nivel primario. En ese marco, volvió a encenderse la interna dentro de la alianza gobernante por los plazos de implementación.
Desde La Cámpora, el senador provincial Emmanuel González Santalla arremetió públicamente contra el gobernador Axel Kicillof y la cartera educativa por no haber reglamentado aún la ley similar para el nivel primario e inicial, aprobada por unanimidad hace diez meses para más de 2 millones de alumnos.
Reclamo camporista: «Hace meses aprobamos la ley para primarias por unanimidad y estamos esperando que el gobernador Axel Kicillof y la ministra se hagan cargo de implementarla», cuestionó el legislador de Avellaneda en sus redes.
Impacto y debate: La sanción coincide con la reciente conmoción generada por casos de violencia digital con imágenes alteradas por IA en escuelas de la región sur, reavivando el debate sobre los límites de la tecnología en el ámbito escolar.
Puntos pendientes: La autoridad de aplicación deberá detallar los protocolos específicos y las medidas sancionatorias en caso de incumplimientos dentro del recinto escolar.
