El gobernador Axel Kicillof formalizó el envío del proyecto de ley destinado a regular el trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa busca ordenar de forma integral la actividad de las aplicaciones de delivery y transporte en el territorio provincial, un sensible debate parlamentario que el peronismo no había logrado saldar durante el período 2023.
El texto oficial ingresó a la mesa de entradas junto con otras dos iniciativas sanitarias de peso impulsadas por el Ejecutivo bonaerense: la creación de un Centro de Industria Farmacéutica y la puesta en marcha del Sistema Integrado de Salud. De esta manera, el mandatario avanzó con una parte central del paquete de leyes que había prometido en marzo ante la Asamblea Legislativa, sorteando las tensiones políticas de la interna partidaria que habían demorado su desembarco formal en los recintos.
El alcance de la «ley de repartidores» en el mapa provincial
La llamada “ley de repartidores” asoma como una de las apuestas políticas y gremiales más sensibles del paquete remitido por la Gobernación. El proyecto no solo apunta a las tradicionales aplicaciones de reparto y mensajería como Rappi y PedidosYa, sino que también alcanza de forma directa a las plataformas digitales de transporte de personas, tales como Uber, Didi y Cabify. Debido a este amplio espectro, el debate promete volver a exponer fuertes cruces de intereses entre las demandas del Ejecutivo, las cámaras empresarias del sector y un ala de los propios trabajadores independientes que ya mostró reparos frente a intentos regulatorios anteriores.
En rigor, el expediente crea el “Plan integral para el Trabajo mediante plataformas digitales”, con el objetivo de generar acciones institucionales que brinden acceso a servicios, información y beneficios para las personas que desarrollan tareas organizadas o mediadas por aplicaciones. Para evitar trabas jurídicas, el texto de la ley evita encasillar de manera cerrada la relación contractual y alcanza a todos los operarios empleados o contratados bajo cualquier forma jurídica, con la única condición de que cumplan sus tareas dentro del mapa de la provincia de Buenos Aires.
Las diferencias con el proyecto de Plaini y el rol de una nueva app estatal
Este enfoque marca una primera e importante diferencia metodológica con el antecedente legislativo que había impulsado el senador sindicalista Omar Plaini en 2022. Aquel proyecto concentraba la regulación estrictamente en la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para trabajadores, con certificados habilitantes personales, renovación anual e inscripción obligatoria de los rodados afectados. En contrapartida, la propuesta de Kicillof amplía el horizonte y presenta la regulación como un esquema de protección, asistencia, información y fiscalización activa. En ese sentido, define como “plataforma de trabajo” a cualquier forma organizativa que, mediante sistemas automatizados o algoritmos digitales, “promueve, facilita o dirige la realización de una tarea humana para la prestación de un servicio”.
Registro y aplicación móvil: Uno de los ejes centrales de la propuesta apunta a la creación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Walter Correa. A diferencia de la vieja propuesta de Plaini, la inscripción en este registro será obligatoria para las corporaciones empresarias, mientras que los trabajadores podrán incorporarse mediante una nueva aplicación móvil estatal, cuyo diseño, soporte e implementación quedarán a cargo directo del Ejecutivo provincial.
Desde la cartera laboral provincial justificaron el desarrollo de esta herramienta digital como una respuesta del Estado ante los accidentes viales, los recurrentes hechos de inseguridad en las barriadas del Conurbano y las situaciones de riesgo físico que atraviesan repartidores y choferes durante sus jornadas en la vía pública. A través de la app, el Estado buscará facilitar el acceso rápido a servicios de seguridad y emergencias médicas.
Transparencia de algoritmos y la obligación de seguros a cargo de las empresas
Otro de los capítulos fuertes de la ley apunta a los deberes de información comercial que deberán cumplir las firmas transnacionales. Las plataformas tendrán la obligación de poner a disposición de las autoridades ministeriales y de los representantes sindicales datos finos sobre la cantidad de personas activas, la situación contractual de cada operario, las condiciones generales del vínculo, la duración media de las prestaciones, el promedio de horas semanales trabajadas y los ingresos medios percibidos. El punto introduce una discusión de fondo sobre los algoritmos que organizan las penalizaciones y asignaciones de viajes, un ítem sobre el cual Kicillof ya había expresado la necesidad de que el Estado tenga facultades de auditoría.
Finalmente, la contratación de pólizas de seguro constituye el otro gran pilar del expediente. Las empresas que organicen o intermedien tareas de reparto, retiro, traslado, entrega de bienes o transporte de personas en la vía pública deberán contratar, a su exclusivo cargo y costo, un seguro de accidentes personales con cobertura integral. La póliza patronal deberá cubrir de piso los ítems de muerte accidental, invalidez total o parcial permanente y asistencia médica o farmacéutica de emergencia. La cobertura regirá desde el momento de conexión a la plataforma hasta la desconexión, incorporando además el trayecto in itinere desde el domicilio del trabajador y los desplazamientos simultáneos entre locales, depósitos o paradores habilitados.
