La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires atraviesa un período de marcada tirantez. Luego de que la cúpula judicial presentara un proyecto de ley para el “Fortalecimiento del Poder Judicial” —reclamando autarquía financiera y la cobertura de cuatro vacantes en la Suprema Corte—, el Gobierno bonaerense salió a fijar su postura.
La respuesta oficial llegó a través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien durante su habitual conferencia de prensa despejó las presiones del tribunal que preside Sergio Torres. Ante la consulta sobre el envío de pliegos al Senado, la mano derecha de Axel Kicillof fue tajante: “Es una prerrogativa y una facultad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad y mérito”.
Un reclamo con «ruido» político
El malestar en la Gobernación se originó la semana pasada durante un acto encabezado por Torres, donde se expuso la crítica situación del tribunal, que hoy funciona con solo tres de sus siete miembros. En ese escenario, el magistrado recordó que han transcurrido 2292 días desde la primera vacante y casi ochocientos desde la renuncia de Luis Genoud.
Al evento asistieron representantes de colegios de abogados, magistrados y universidades, pero se notó la ausencia total de enviados del Ejecutivo. Solo dos diputados provinciales con asiento en el Consejo de la Magistratura, Martín Endere (PRO) y Germán Di Césare (Fuerza Patria), estuvieron presentes.
La discusión por la caja y la parálisis legislativa
Previo a la movida pública de la Corte, existió un encuentro con el ministro de Economía, Pablo López, para analizar la viabilidad de la autarquía judicial. Sin embargo, fuentes cercanas reconstruyeron que dicha reunión no fue constructiva. Actualmente, el presupuesto judicial depende del «goteo» de recursos que aplica el Ejecutivo, situación que Torres calificó como un obstáculo para la verdadera independencia.
Pese a este escenario de conflicto, ambos poderes coinciden en valorar las 412 designaciones judiciales aprobadas recientemente. No obstante, el camino para cubrir las 200 vacantes restantes previstas para lo que queda de 2026 enfrenta obstáculos operativos, como la falta de oficialización en la integración de comisiones clave en el Senado, específicamente la de Asuntos Constitucionales y Acuerdo (ACA).
Un acuerdo lejano
La última designación en la Corte fue la del propio Torres en 2019, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, fruto de un acuerdo político con el Frente Renovador. En la actualidad, los entendimientos entre Kicillof y las fuerzas de la oposición aparecen lejanos, cruzados además por la interna del peronismo, lo que posterga una definición sobre la integración definitiva del máximo tribunal de justicia provincial.
