Un profundo sentimiento de indignación, desprotección y asco institucional unificó en las últimas horas el reclamo de decenas de familias del Conurbano bonaerense. Padres, madres y hermanos de trabajadores, estudiantes y adolescentes asesinados en manos de la delincuencia alzaron la voz para expresar su máximo repudio ante la vigencia del uso de teléfonos celulares dentro de los complejos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, los damnificados denunciaron de forma unánime que el sistema judicial favorece de forma sistemática a los victimarios, permitiéndoles mantener privilegios tecnológicos que utilizan para burlarse de las familias, ostentar lujos y, en los casos más graves, coordinar amenazas de muerte y extorsiones desde los pabellones.
Lomas de Zamora: «A mi hija la mataron por un celular»
El partido de Lomas de Zamora concentra dos de los casos más resonantes de la región. Laura Fernández, oficial de la Policía de la Ciudad y madre de Lara Fernández (17) —asesinada de un disparo en la cabeza el 1 de enero de 2022 durante un asalto perpetrado por cuatro delincuentes—, exteriorizó la impotencia que le genera ver los privilegios carcelarios de los acusados.
«Me indigna esta situación porque siento que tienen más derechos que las víctimas; tienen beneficios de todo tipo, realizan estafas y extorsiones con los celulares y se nos matan de risa en la cara», recriminó la mujer. El caso penal contra los imputados Alan Benjamín González Ávalos, Cristian Maidana y Leandro Nicolás Strassera (quienes recibieron penas de entre 20 y 24 años) se encuentra bajo revisión de la Suprema Corte bonaerense, ya que la querella exige la condena a prisión perpetua bajo la carátula de homicidio criminis causa. «A mi hija la mataron por un celular, es injusto. Le sacaron todas las posibilidades y a ellos les dejan tener celular para que sigan delinquiendo. Tienen que poner inhibidores de señal», sentenció la madre.
En sintonía, María Eugenia Rodríguez, integrante de la Policía Federal y madre de Uma Aguilera —la pequeña de 9 años acribillada en enero de 2024 en Villa Centenario durante un intento de robo al auto de su padre, custodio de la cartera de Seguridad—, adhirió al reclamo. Tras el juicio que condenó a la máxima pena a Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas, la mujer catalogó el uso de celulares como un beneficio distorsivo heredado de la pandemia.
«La tenencia de los celulares me causa mucho dolor, bronca e impotencia, ya que mientras ellos mantienen un contacto diario con sus familiares, los familiares de las víctimas sufren la Ausencia Perpetua», describió de forma desgarradora. «Cada vez más se evidencia el uso de este dispositivo para la comisión de delitos e incluso realizar amenazas a los familiares», concluyó.
Ostentación, piletas y festejos en las redes sociales
La indignación se extiende hacia otras localidades del Conurbano y el Gran Buenos Aires, donde las familias descubren de forma casual las publicaciones que los asesinos realizan en plataformas como Instagram o Facebook. Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira (16), asesinado a golpes a la salida de un boliche en Parque Leloir en octubre de 2024 para robarle su teléfono, calificó la situación como un «insulto». «Gozan de un techo, televisión, comida e Internet. Nosotros vivimos una tristeza perpetua y con miedo para siempre», graficó.
Por su parte, Victoria Cruz, hermana del cirujano Juan Carlos Cruz (52), asesinado a sangre fría en Morón en agosto de 2023 por delincuentes menores de edad, relató la humillación que sufren al ver las redes de los imputados, hoy alojados en un centro juvenil en Virrey del Pino. «Sentimos bronca e impotencia porque publican fotos en verano, en la pileta. Mi hermano no puede disfrutar más nada gracias a ellos y nosotros no tenemos ni plata para comprar una pileta, con 40 grados tuvimos que salir a trabajar», exclamó con crudeza.
Un escenario similar atraviesa Elizabeth, madre de Sebastián Ochoa (26), acribillado por motochorros en una estación de servicio de José C. Paz en enero de 2024, a tan solo una semana de convertirse en padre. «Nosotros sobrevivimos mendigando justicia, mientras ellos festejan cumpleaños, ven a sus familiares, los abrazan, suben fotos y se visten de primera. Los derechos son para los asesinos», denunció de cara al juicio fijado para septiembre.
«Me reí de tu fiambre»: el escalofriante caso de San Justo
Las denuncias sumaron un condimento de extrema gravedad institucional en el partido de La Matanza. Francisco, padre de Gianfranco Di Luciano, el joven de 20 años asesinado de un disparo en un local nocturno de San Justo en abril de 2024, reveló que la familia sufre un persistente hostigamiento digital comandado directamente desde la cárcel por el asesino convicto, Yoel Taiel Tambussi (condenado a 34 años de prisión por este y otro homicidio previo).
La denuncia del padre: «A las pocas semanas del crimen, ya pude ubicarlo a él y parte de su banda en Instagram. Hacía vivos con las tranzas que siempre lo rodearon. Meses más tarde, volví a ubicarlo tras cambiarse de cuenta: formaba parte de un grupo denominado ‘me reí de tu fiambre’ y subió una foto desafiante con una faca gigante, mirando a la cámara y con una canción que decía ‘las rejas no son para siempre’, en un mensaje claramente intimidatorio», describió Francisco ante las agencias de noticias.
A pesar de haber radicado múltiples denuncias ante los magistrados y de exigir requisas en los calabozos, las respuestas del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron catalogadas como «tibias» y estériles. El acoso pasó de la virtualidad al plano físico de forma reciente: «A 15 días del juicio me tiraron una estatuilla tumbera de San La Muerte en mi casa. Teniendo más de 8 amenazas, hostigamientos y atentados contra mi persona, es evidente que alguna relación podría existir entre el mugroso y la gente de la banda que sigue afuera», alertó el damnificado.
El reclamo de las familias —entre las que también se encuentran Ángeles, madre de Valentín Bosa (18), apuñalado en San Martín, y Sandra, madre de la piloto de kartings Zaira Rodríguez, asesinada en Villa Ballester— no exige venganza, sino una elemental igualdad de condiciones ante la ley. «Ellos quieren visitas, se las dan; quieren redes sociales, les dan todo para que estén conectados. Pero al cementerio no van. Es hora de que los asesinos cumplan su condena sin celulares», concluyeron las víctimas indirectas de la desidia del sistema penal provincial.
