En un fallo que pone fin a una investigación sobre falsificación de documentos, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4 homologó la condena a tres años de prisión en suspenso para el cabecilla de una organización dedicada a producir y comercializar licencias de conducir apócrifas en la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia se resolvió a través de un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía N°25, a cargo de Juan Cruz Artico.
La causa tuvo su origen en un control vehicular de rutina de la Policía de la Ciudad, donde se detectó un carnet con irregularidades. Tras la intervención de la fiscalía —entonces dirigida por Néstor Maragliano—, una pericia confirmó que el documento era falso, lo que dio inicio a una pesquisa mayor que logró identificar la estructura delictiva.
La caída: un «agente revelador» y cámaras del CMU
Para desbaratar la banda, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) utilizó la figura del agente revelador. Un investigador simuló ser un cliente y pactó la compra de un registro a través de WhatsApp. La entrega se concretó en la esquina de Monasterio y Avenida Caseros, en Parque Patricios, donde el vendedor, apodado «Matías», fue registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).
Las autoridades confirmaron que la red operaba principalmente por redes sociales y mensajería instantánea, ofreciendo «trámites rápidos»:
-
Captación: Utilizaban redes sociales para atraer a los interesados.
-
Operativa: Los clientes enviaban sus datos y pagaban en efectivo o por billeteras virtuales.
-
Logística: Se acordaban puntos de entrega para los documentos ilegítimos.
El allanamiento en Almagro
La investigación culminó con un allanamiento en un domicilio del barrio de Almagro, donde la policía secuestró 53 licencias apócrifas, cuadernos con anotaciones y dispositivos electrónicos que contenían conversaciones incriminatorias sobre el funcionamiento de la banda.
El principal imputado, señalado como el coordinador y captador de la organización, fue condenado como autor de asociación ilícita y falsificación de documentación pública y privada. Durante los tres años de la pena en suspenso, el condenado deberá cumplir estrictas pautas de conducta impuestas por la jueza Araceli Martínez.
