Un estremecedor escenario de violencia institucional, vejaciones extremas y abusos de poder fue denunciado en las últimas horas dentro de la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena. De acuerdo con una exhaustiva presentación efectuada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un grupo de internas fue víctima de una brutal oleada de torturas y tormentos físicos y psicológicos perpetrados por agentes y autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La paradoja más cruel del caso radica en el factor temporal: los aberrantes hechos se desencadenaron durante la tarde del pasado 3 de junio, el preciso día en que miles de personas se movilizaban en las calles de todo el país bajo la consigna «Ni Una Menos» para reclamar el fin de las violencias contra las mujeres y disidencias.
El conflicto se originó a partir de una disputa doméstica entre dos internas, lo que motivó el ingreso de una facción penitenciaria armada a los pabellones de la planta alta. El procedimiento estuvo rígidamente coordinado por la jefa del Penal, Daiana Balmaceda, junto a la subjefa de apellido Villafañe, la agente Toledo y al menos cinco efectivos masculinos encapuchados pertenecientes al Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE). Tras encerrar al resto de la población y exigirles un desnudo forzoso frente a los agentes varones, los uniformados descargaron gas pimienta a corta distancia directamente sobre los rostros de las mujeres que intentaron oponer resistencia, sacándolas de los pelos y a golpes hacia distintas dependencias de aislamiento.
«Besame las botas»: submarino húmedo y vejaciones sexuales
Los testimonios recolectados por los equipos de monitoreo de la CPM en los penales adonde luego fueron dispersadas las víctimas exponen un catálogo de crueldad extrema. Una de las mujeres fue conducida al sector de Separación del Área de Convivencia, donde fue obligada a arrodillarse semidesnuda frente a la guardia del GIE. Allí, bajo las órdenes directas de Balmaceda, quien le exigía a gritos “besame las botas”, fue sometida a la práctica de submarino húmedo, sumergiéndole la cabeza de forma reiterada en una bacha con agua. Ante cada negativa de la interna, los agentes la golpeaban, la escupían, le apoyaban una escopeta en sus partes íntimas y la abusaron sexualmente en cuatro oportunidades tras romperle la ropa interior. Al finalizar la sesión, fue obligada a firmar un acta bajo amenaza de muerte.
Encubrimiento interno: A pesar de las severas lesiones y hematomas constatados con posterioridad, un informe oficial de la sanidad del penal firmado el mismo 3 de junio por la enfermera Raquel Boccardo dictaminó falsamente que la víctima “no presenta lesiones visibles de reciente data”. La interna permaneció horas aislada sin recibir alimento, agua ni asistencia médica o psicológica.
Otras de las víctimas sufrieron tormentos de idéntico calibre. Una de ellas fue trasladada al sector de escuela, donde fue ahorcada, golpeada contra el piso y abusada sexualmente, para luego ser dejada atada de pies y manos sobre un colchón impregnado de gas pimienta. Al quejarse con la enfermera de turno, la profesional de la salud se negó a examinarla y le espetó con desprecio: “Para que aprendas que estás en Magdalena”. Una tercera interna, entrevistada posteriormente en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, relató que fue arrastrada de los pelos, arrojada sobre un colchón mojado donde recibió patadas y puñetazos, y mantenida inmovilizada con un escudo durante 15 horas en ropa interior. La cuarta afectada sufrió una inmovilización extrema tipo «puente» (unión de esposas de manos y pies por la espalda) boca abajo sobre gas pimienta, llegando los agentes a colocarle una media en la boca para acallar sus gritos de asfixia, provocando que terminara orinándose encima ante la prohibición de ir al baño.
Destrucción de bienes y represión de la protesta
Como parte del proceso de disciplinamiento y degradación subjetiva, tres de las víctimas fueron trasladadas de urgencia durante la madrugada hacia otros complejos —como la Unidad 61 de Melchor Romero, la Unidad 54 de Florencio Varela y la seccional de Lomas de Zamora— descubriendo al llegar que la totalidad de sus pertenencias personales y prendas de vestir habían sido tajadas con elementos cortopunzantes y mezcladas con basura por los propios guardiacárceles. En tanto, el viernes 5 de junio, las internas que permanecieron en Magdalena iniciaron una quiebra y protesta pacífica en reclamo por los malos tratos y las condiciones de detención. La manifestación fue ferozmente reprimida por la requisa, dejando como saldo a una mujer con una grave lesión ocular y a más de 20 reclusas sumidas en crisis convulsivas y de pánico.
Frente a la gravedad institucional, la CPM radicó la denuncia penal formal ante la Fiscalía N.º 11 de La Plata, a cargo del Dr. Álvaro Garganta, exigiendo la aplicación rigurosa de los protocolos internacionales contra la tortura y las pericias de violencia de género de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Ante la contundencia de las pruebas, el Ministerio de Justicia y la Auditoría de Asuntos Internos intervinieron rápidamente la Unidad 51 y desafectaron de forma inmediata a Balmaceda, Villafañe, Toledo y a los agentes identificados, abriendo sumarios administrativos y penales. Asimismo, el juez de Ejecución Penal de La Plata, José Villafañe, se constituyó en el penal para entrevistar a las afectadas.
Un polémico fallo judicial frena el control de los DD.HH.
Pese al escenario de horror documentado y a la histórica legitimación procesal que posee el organismo en causas de violencia estatal, se generó un fuerte repudio por la actuación de un sector del Poder Judicial. El titular del Juzgado de Garantías N.º 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó la presentación de la CPM para actuar en el expediente bajo la figura de Particular Damnificado Institucional, catalogando la postulación como “prematura” para el estado actual de la causa.
Desde el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura tildaron la resolución de Masi como un claro obstáculo a las tareas de control de los derechos humanos en las cárceles. Denunciaron que el fallo resulta abiertamente violatorio de la Ley Nacional 26.827 (que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura) e informaron que la medida ya fue formalmente apelada ante las instancias superiores para evitar que el ataque sistemático contra las internas de Magdalena quede amparado bajo el manto de la impunidad judicial.
