Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautó una enorme cantidad de mercadería apócrifa extranjera valuada en cifras millonarias.
Se trata de dos causas paralelas, llevando ambas la intervención de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, cuyos efectivos lograron divisar y posteriormente desarticular diferentes ardides que infringían a la Ley 22.362 (Ley de Marcas) y a la Ley 22.415 (Código Aduanero).
La primera intervención se desarrolló en la localidad de 9 de Abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría, cuando en el marco de un control vehicular los agentes vislumbraron el acercamiento de dos micros de larga distancia, los cuales transportaban gran cantidad de bultos de lona tipo arpillera tanto en la parte superior como así también en la parte inferior de los vehículos en cuestión.
Luego de solicitarles a los respectivos choferes que detengan su marcha a los fines de proceder a la correspondiente identificación, los federales tomaron comunicación con el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, por ante la Secretaría N°16 a cargo del Dr. Sebastián Garber. el cual autorizó la realización de una requisa.
Sobre los dos rodados, el personal policial ejecutó la debida apertura de un total de 450 embalajes sospechosos, dentro de los cuales se determinó la existencia de una importante cantidad de indumentaria de origen extranjera (remeras, pantalones, zapatillas, etc.) que no poseía el correspondiente aval aduanero.
Ante tales circunstancias, la citada autoridad judicial ordenó el inmediato decomiso del cargamento hallado. En el mismo sentido, también dispuso el secuestro de ambos micros y la detención de sus doce ocupantes; siete argentinos, uno de nacionalidad paraguaya y cuatro ciudadanos bolivianos.
Conjuntamente con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se determinó que la totalidad de la mercadería ilegal junto a los rodados ascendía a un aforo aproximado de 900.000.000 pesos. Se calcula, además, una evasión fiscal equivalente a dicho monto, lo que por consecuencia significaba un enorme perjuicio para la economía de nuestro país.
