Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente judicial contra la red de ambulancias truchas y falsos médicos en el Conurbano bonaerense exponen con crudeza el desprecio por la salud de los pacientes. En los audios —que forman parte de las más de 30.000 horas de grabaciones analizadas por la Justicia— queda documentado cómo personal sin habilitación improvisaba diagnósticos, falsificaba documentos para evitar «pisar el palito» y arriesgaba la vida de enfermos graves para no perder la facturación de las prestaciones.
«Hola, Pedrito, ahí te mandé una foto. Fijate qué medicamento le puede dar la doctora, que ella no sabe. Llamala y explicale a ver qué remedio, porque los familiares quieren que le demos como un antibiótico», se escucha en uno de los diálogos que expone la dinámica cotidiana: choferes o supuestos enfermeros consultando a distancia a coordinadores sobre qué recetar ante la vista de las familias.
La investigación, centrada en una empresa de Florencio Varela con derivaciones en Avellaneda y en Lomas de Zamora, y nexos con obras sociales como PAMI, ya suma 29 personas detenidas e imputadas por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y estafas reiteradas.
Emergencias sin oxígeno, suturas domiciliarias y adulteración de remitos
En otro tramo de las intervenciones, una de las coordinadoras, identificada como Alejandra, recibe el reporte de un paciente con una saturación de oxígeno alarmante del 66%. Cuando el interlocutor intenta justificar la demora argumentando que el supuesto médico decía que el cuadro se debía a la postura del paciente y que había mejorado tras tomar una gaseosa, la mujer interrumpe sin rodeos: «¿Y qué esperan para trasladarlo?».
El nivel de improvisación se extiende a intervenciones quirúrgicas en domicilios particulares. Una supuesta profesional consulta si puede coser a un hombre que se había cortado con una motosierra, indicando que tenía hilo, bisturí y pinza, pero que le faltaban tijeras y otros insumos básicos. «Si lo puede hacer, sí, no hay problema», le responden desde la central sobre la maniobra que requería varios puntos de sutura.
Falta de insumos vitales: En otra llamada se consulta si un móvil debía asistir a un paciente con severa dificultad respiratoria pese a no contar con tubo de oxígeno. La respuesta de la coordinadora fue sugerir que le administraran «una dex o una hidro» (dexametasona u hidrocortisona) para «ver si podían zafar».
Maniobras con matrículas: Un hombre llamado Elvio detecta que una planilla llevaba la firma de una profesional que en realidad poseía matrícula de enfermería y exige rehacer la documentación: «Yo voy a necesitar que me hagas de vuelta el remito con otro médico… así no pisamos el palito».
Convulsiones, intubación y la retención de camillas
Las conversaciones también captaron momentos de extrema desesperación familiar. En una llamada, la hija de una mujer de 93 años increpa a la central luego de que su madre convulsionara, se pusiera «azul» y terminara intubada en terapia intensiva tras recibir una inyección domiciliaria. «Mi vieja se está muriendo, está intubada», clama la familiar, mientras desde la empresa intentan desligarse atribuyendo el cuadro a un presunto contagio de COVID-19.
Incluso, la avaricia operativa quedaba de manifiesto cuando pacientes terminaban internados en hospitales públicos, como el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. En esos casos, las llamadas entre los sospechosos se centraban en cómo recuperar las camillas retenidas en la guardia, renegando porque el establecimiento exigía la presencia de un médico matriculado para devolver el equipamiento.
Causa en expansión: Con 29 imputados tras las rejas, los fiscales continúan entrecruzando las escuchas telefónicas para determinar el alcance total de la red, la complicidad de profesionales matriculados que alquilaban sus sellos y el perjuicio económico ocasionado al Estado y a los sistemas de salud prepagos.
