La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Procuración General dispusieron la implementación de un sistema de consulta recíproca y unificada entre el Registro de Violencia Familiar (RVF) y el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG), con el objetivo de fortalecer el abordaje judicial de las situaciones de violencia familiar y de género.
La medida, formalizada mediante la Resolución de la Suprema Corte N.º 3293/2026, se inscribe en la política sostenida de ambas jurisdicciones orientada a incorporar herramientas tecnológicas que favorezcan la interoperabilidad de los sistemas informáticos, optimicen los procesos judiciales y fortalezcan la prestación del servicio de justicia.
El nuevo esquema permitirá que jueces, fiscales, asesores, secretarios, auxiliares letrados y otros funcionarios especialmente habilitados accedan, de manera segura y controlada, a los datos contenidos en ambos registros. De este modo, podrán consultar antecedentes y actuaciones relevantes para la comprensión integral de los casos sometidos a su intervención, favoreciendo decisiones jurisdiccionales más informadas y contextualizadas.
La iniciativa parte del reconocimiento de que los registros de violencia familiar y de género constituyen herramientas fundamentales para la identificación de contextos de riesgo y la adecuada protección de las personas involucradas. En ese sentido, la resolución subraya la importancia de contar con información confiable, oportuna y contextualizada, en consonancia con los principios de finalidad, proporcionalidad y protección de datos personales.
La implementación de esta herramienta se enmarca en la Ley Provincial 12.569 de Violencia Familiar, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como en los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
Asimismo, la resolución establece mecanismos de auditoría, trazabilidad y control de accesos destinados a garantizar la seguridad de los datos y prevenir consultas indebidas. Su utilización deberá vincularse necesariamente con actuaciones judiciales concretas y con el ejercicio de funciones legalmente atribuidas.
La nueva funcionalidad estará disponible a partir del 19 de octubre de 2026 y representa un nuevo avance en el proceso de integración tecnológica entre la Suprema Corte y la Procuración General, orientado a fortalecer la coordinación institucional y mejorar la respuesta del sistema de justicia frente a situaciones de violencia familiar y de género.
