En un procedimiento de enorme impacto regional e internacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una compleja organización ilícita dedicada al lavado de activos por montos millonarios y a la realización de actividades financieras no autorizadas. Las miradas de los investigadores se posaron con especial énfasis en el sur del Conurbano, donde se desplegaron allanamientos clave en las localidades de Monte Grande y Canning para desarticular las bases operativas y los vehículos de la banda.
La causa penal, que tramita ante la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. María Guillermina Luque Wickham, tuvo su génesis en una denuncia de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA). El organismo detectó movimientos bancarios de magnitudes siderales que no guardaban ningún tipo de relación con el perfil fiscal del principal investigado, quien formalmente registraba ingresos como un simple monotributista anotado en el rubro de jardinería.
La ruta del dinero: de «jardinero» a financista del narco brasileño
La detallada pesquisa, llevada adelante por la División Lavado de Activos de la PFA, logró desnudas una estructura económica destinada a montar cuevas cambiarias clandestinas y transacciones con activos digitales. Para ello, utilizaban sociedades fantasma y testaferros con el fin de otorgarle una apariencia lícita a fondos de origen espurio.
El sospechoso principal figuraba como socio y gerente de una firma financiera no habilitada por el Banco Central (BCRA), la cual compartía domicilio fiscal con otra conocida empresa denunciada públicamente por estafas inmobiliarias. Sin embargo, el dato más escalofriante que arrojó la investigación criminal fue que, en noviembre de 2021, este «jardinero» le emitió una factura a corporaciones vinculadas con los hermanos Cardoso de Oliveira. Estos sujetos habían sido detenidos por lavar dinero con criptomonedas a favor del temible Comando Vermelho, una de las organizaciones narcocriminales más poderosas de Brasil.
El cerrojo en Monte Grande y Canning
Con el tendal de pruebas recolectadas, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, liderado por el Dr. Luis Antonio Armella, ordenó una primera tanda de diez allanamientos simultáneos repartidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distritos de San Vicente, Canning y Monte Grande.
En los operativos realizados en los barrios residenciales de Canning y las zonas urbanas de Monte Grande, las fuerzas de seguridad lograron la detención de dos hombres mayores de edad y de nacionalidad argentina. Además, el balance de lo incautado determinó el secuestro de:
Más de 11 millones de pesos, 51.039 dólares y 1.140 euros en efectivo.
17 teléfonos celulares, 11 CPU, una notebook y abundante documentación societaria.
Dos automóviles de alta gama, dos máquinas contadoras de billetes y un arma de fuego.
Un cuatriciclo y un vehículo particular en la zona de Canning, que quedó incautado tras librarse una orden de registro automotor específica.
Debido a la complejidad del entramado tecnológico, del operativo participó personal especializado de ARCA para auditar los papeles contables y agentes del Departamento de Cibercrimen de la PFA, quienes se encargaron exclusivamente de la extracción y el secuestro de los activos digitales y las billeteras de criptomonedas.
Caída del contador en San Vicente
Al día siguiente del primer golpe, y como desprendimiento directo de las pruebas fiscales obtenidas en los domicilios de Monte Grande y Canning, el juez Armella ordenó un nuevo allanamiento de urgencia sobre una propiedad en la localidad de San Vicente.
En ese lugar, los efectivos federales lograron detener a un contador público sospechado de ser el cerebro técnico y el encargado de diseñar el andamiaje impositivo para el blanqueo de los fondos de la banda. En su despacho se secuestraron dos notebooks, un teléfono celular, chequeras y registros de operaciones cambiarias espurias. Asimismo, la justicia libró órdenes de presentación para registrar una escribanía, buscando actas constitutivas y poderes vinculados a las firmas bajo la lupa. Los tres detenidos quedaron tras las rejas de forma preventiva a disposición del magistrado federal interviniente.
