En una resolución que generó un fuerte rechazo en el entorno familiar de la víctima, la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dispuso mantener la condena impuesta al policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo por la muerte de Bastián Escalante (10), pero ordenó realizar una nueva audiencia de cesura para readecuar hacia la baja los 21 años de prisión a los que había sido sentenciado en octubre de 2025.
Los jueces Víctor Horacio Violini y María Florencia Budiño ratificaron la culpabilidad de García Tonzo bajo la calificación de homicidio con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego por la muerte del menor, y homicidio en grado de tentativa con exceso en la legítima defensa por los disparos dirigidos hacia los delincuentes que intentaron robarle la moto en Wilde.
Sin embargo, el tribunal provincial objetó el criterio aplicado por la jueza de juicio María Angélica Sayago del Castillo y resolvió descartar tres agravantes utilizados en la sentencia original: la corta edad de la víctima (10 años), la falta de auxilio o arrepentimiento posterior por parte del imputado, y el uso abusivo del arma reglamentaria en una zona escolar transitada. Casación entendió que la mayoría de esos elementos ya estaban subsumidos en la propia figura penal, por lo que valorarlos doblemente resultaba técnicamente improcedente.
Rechazo de la querella y el pedido de la pena máxima
A pesar de las modificaciones en los agravantes, Casación rechazó de forma tajante el recurso impulsado por la defensa de García Tonzo, que pretendía encuadrar todo el accionar dentro de un simple exceso en la legítima defensa. Al confirmarse el concurso ideal de delitos, la escala penal máxima alcanzable para este caso se sitúa en los 33 años y cuatro meses de prisión.
La resolución provocó una profunda indignación en los padres del niño de Wilde, quienes anunciaron que darán batalla en la nueva instancia judicial.
La posición de la familia: «Obviamente no estamos de acuerdo con el fallo de Casación. Nosotros vamos a seguir pidiendo el máximo de la pena para los delitos por los que fue condenado, es decir 33 años», aseveró el abogado querellante Matías Morla. En la misma línea, la fiscal de la causa, Mariela Montero, apeló el dictamen buscando que se sostenga de forma definitiva la condena de 21 años dictada en primera instancia.
