Una exhaustiva investigación judicial desnudó el aceitado funcionamiento de una organización delictiva que, montando sus bases operativas dentro de las cárceles de Lomas de Zamora y Florencio Varela, se dedicaba a realizar feroces extorsiones económicas. Los delincuentes se hacían pasar por administradores de sitios de acompañantes (escorts) para exigir sumas millonarias a hombres de alto poder adquisitivo, a quienes previamente perfilaban mediante la compra de bases de datos personales robadas.
Tras la concreción de 37 allanamientos simultáneos en penales y búnkeres del Conurbano, las fuerzas de seguridad detuvieron a 31 sospechosos, sacando a la luz una red de complicidad interna que involucra a una oficial de la Policía Bonaerense y a dos empleados activos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El centro operativo en los penales de la región
Si bien las primeras pesquisas detectaron llamadas provenientes de la Unidad N.º 43 de González Catán, el avance del expediente bajo la instrucción del fiscal Juan Marcelo Diomede (titular de la UFI N.º 5 de La Matanza) determinó que los cerebros de la organización operaban de forma coordinada desde los pabellones de las unidades N.º 40 y N.º 58 de Lomas de Zamora, y la Unidad N.º 24 de Florencio Varela.
Desde las celdas de estos complejos carcelarios del Conurbano sur, los internos creaban perfiles falsos en plataformas de encuentros como «Gemidos TV». A través de la aplicación Telegram, la banda compraba bases de datos confidenciales filtradas para obtener números telefónicos, domicilios y composiciones familiares de los clientes que ingresaban a los sitios web. Con esa información en mano, ejecutaban la modalidad de estafa e ingeniería social conocida como vishing: llamaban a las víctimas haciéndose pasar por peligrosos regentes de la página y les exigían el pago de «multas» bajo la amenaza de difundir las búsquedas a sus esposas o atacar sus viviendas.
El audio de la amenaza: «Me volvés a cortar el comunicado y te hago pasar el peor día de tu vida. ¿Qué te pensás, que hace dos días que cuido concha, teta y culo yo, negro? Hace diez años que cuido concha, teta y culo», se escucha decir con extrema violencia a uno de los reclusos en las escuchas judiciales que obran en la causa.
A raíz de este nivel de hostigamiento, una de las víctimas identificada en la causa como C.L. llegó a entregar 10.000 dólares en efectivo en puntos de encuentro de la zona oeste y realizó transferencias bancarias por otros 3.000.000 de pesos antes de animarse a radicar la denuncia penal el pasado 7 de abril.
Cuentas millonarias y la complicidad de uniformados
Los peritajes informáticos practicados sobre las denominadas «cuentas mula» (utilizadas para diversificar el dinero y borrar el rastro de la ruta delictiva) expusieron que la banda movía flujos de dinero que oscilaban entre los 13 y los 30 millones de pesos. Una porción sustancial de esos fondos frescos era redirigida a familiares de los presos y a personal jerárquico del SPB, quienes presuntamente cobraban importantes dividendos para facilitar el ingreso clandestino de teléfonos celulares inteligentes y routers de conectividad Wi-Fi a las celdas de Lomas y Varela.
El megaoperativo de captura, desarrollado por el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense y el cuerpo de Infantería, derivó en el arresto de los civiles Leandro Gabriel Prado y Lucas Alejandro González, entre otros. Sin embargo, el mayor impacto institucional se dio con la detención de la oficial Maia Camila Geraldine Aranda (21), perteneciente a la Fuerza Barrial de Aproximación, y de los agentes del Servicio Penitenciario Víctor Damián Maidana (37) y Agustina Julieta Prisila Aranda (23), sindicados como los facilitadores logísticos del búnker carcelario. Entre los aprehendidos también se detectó a un menor de 17 años.
Durante las irrupciones en los domicilios se procedió al secuestro de un arsenal que incluye una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, una pistola reglamentaria Bersa TPR9, una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada, chalecos antibalas, tarjetas SIM de diversas compañías operadoras y computadoras equipadas con antenas de alta ganancia. De forma paralela a las actuaciones penales, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la inmediata desafectación y el pase a disponibilidad de la mujer policía involucrada en la red extorsiva.
