Rosa Chávez fue detenida en el partido de Merlo acusada de dirigir una banda que almacenaba y distribuía droga desde su vivienda mientras cumplía arresto domiciliario con pulsera electrónica por una condena previa ligada a la venta de sustancias prohibidas. La investigación, de carácter federal, se activó a partir de reiteradas denuncias vecinales y culminó con el secuestro de 10 kilos de marihuana, medio kilo de cocaína y un arsenal de armas de fuego.
El expediente judicial avanzó con celeridad cuando los detectives determinaron que el volumen de estupefacientes en circulación superaba ampliamente la escala del narcomenudeo tradicional. En los siete allanamientos simultáneos dictados en el barrio Cambacita, de la localidad de Pontevedra, las fuerzas de seguridad arrestaron a cinco personas: Chávez, otra mujer y tres hombres señalados como integrantes activos de la estructura delictiva. La acusación central de la causa sostiene que la líder de la banda recibía los cargamentos de droga en su domicilio particular y los fraccionaba para luego entregarlos a diferentes eslabones encargados de la distribución en esquinas y pasillos de la zona.
El búnker logístico de la calle Peña y las quejas del barrio
La pesquisa penal se inició formalmente a partir de una serie de denuncias vecinales anónimas que alertaron a las autoridades sobre movimientos «extraños» y sospechosos en distintos inmuebles del cuadrante. Los procedimientos policiales se concentraron de forma simultánea en las propiedades situadas en la calle Peña al 4.400 (residencia donde Chávez cumplía su morigeración de pena), París al 700, Nahuel Huapi al 700 (esquina Alvarado) y Montiel al 500 (entre Arce y Bella Vista). Los trabajos de campo y seguimiento encubierto estuvieron a cargo de los agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, en colaboración con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Merlo.
Flujo permanente y disturbios: Voceros de la investigación describieron el panorama cotidiano del barrio Cambacita con una frase contundente incorporada formalmente en las actas del caso: “Durante todo el día llegaba gente de cualquier edad en motos, autos y caminando en busca de su envoltorio. La molestia irrumpía en la tranquilidad de la zona”. Este flujo incesante de compradores venía acompañado de disturbios frecuentes y disputas territoriales alrededor de los puntos de expendio, lo que terminó por confirmar la existencia de una red organizada con base en el domicilio de la principal encausada.
Droga fraccionada, un VW Fox robado y un arsenal de armas
Con las pruebas fílmicas y testimoniales reunidas en el expediente, el juez federal Juan Manuel Culotta autorizó las órdenes de irrupción solicitadas por las autoridades ministeriales. En los diferentes domicilios de Pontevedra, la Policía Bonaerense secuestró un total de 1.000 dosis de cocaína de máxima pureza —equivalentes a medio kilo—, además de 10 kilos de marihuana fraccionada en trozos compactos (ladrillos), flores y plantas listas para el picado. Asimismo, se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, balanzas de precisión y teléfonos celulares; entre ellos el dispositivo de Chávez, el cual se encontraba encendido y será peritado por la Policía Federal para establecer las rutas de ingreso de la mercadería.
El secuestro en los objetivos incluyó también un arsenal compuesto por:
Un revólver calibre 32 corto.
Una escopeta de repetición calibre 12/70.
Dos pistolas semiautomáticas calibre 22 largo.
Una carabina calibre 22, todas aptas para el disparo y provistas de abundante munición.
En los patios de las viviendas registradas, los efectivos hallaron además un automóvil Volkswagen Fox de color negro que registraba un pedido de secuestro activo por robo automotor desde el mes pasado en la localidad de San Antonio de Padua, el cual era utilizado de forma operativa por los distribuidores de la banda para mover los cargamentos.
Los cinco detenidos quedaron formalmente imputados bajo los cargos de “Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra, y encubrimiento”. Tras los operativos, Rosa Chávez quedó alojada en condición de incomunicada. La declaración indagatoria de los acusados fue fijada ante el fiscal Santiago Marquevich, titular de la Fiscalía Federal de Hurlingham, y su secretario Eduardo Suárez, bajo la supervisión de la Secretaría N.º 11 conducida por Leonardo Cano.
