La Cámara Federal de San Martín confirmó la prisión preventiva para seis de los acusados por el asesinato de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo, ocurrido en septiembre de 2025. En la misma resolución, el tribunal dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, al considerar que no existen pruebas suficientes para vincularlo con el hecho, aunque permanecerá detenido por otra causa federal.
El fallo ratificó las acusaciones contra Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio. A todos ellos se los procesó por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento, el concurso de dos o más personas y criminis causa.
El hecho y la investigación
Según la reconstrucción judicial, el 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes fueron trasladadas mediante engaños a una vivienda en la calle Chañar al 700, en Villa Vatteone. Bajo la promesa de una fiesta, las víctimas fueron retenidas en lo que funcionaba como centro de operaciones del grupo.
La investigación determinó que las jóvenes sufrieron una «crueldad deliberada» antes de ser asesinadas. Las autopsias revelaron:
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Brenda Loreley Del Castillo: fracturas múltiples y lesiones post mortem.
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Morena Verdi: muerte por estrangulamiento y fractura cervical.
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Lara Morena Gutiérrez: heridas en las manos compatibles con métodos de intimidación vinculados al narcotráfico.
Roles y pruebas
La Cámara valoró peritajes telefónicos, cámaras de seguridad y testimonios de choferes de aplicaciones. Entre los puntos clave de la resolución se destacan:
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Vehículos utilizados: Se identificó un Volkswagen Fox a nombre de Sotacuro Lázaro que realizó tareas de apoyo. Además, un Chevrolet Tracker utilizado en el traslado fue hallado incendiado con herramientas vinculadas al crimen.
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Maniobras de encubrimiento: Villanueva Silva fue vinculado mediante registros de pagos y mensajes sobre la limpieza de la escena. Por su parte, la huida de Ozorio a Perú fue interpretada por los jueces como un intento de evasión.
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Modificación de calificaciones: Para Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, la Justicia modificó la carátula a encubrimiento agravado. Se determinó que, si bien ayudaron a borrar huellas y coordinar fugas, no participaron materialmente de los homicidios.
Embargos
Los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones ratificaron embargos por 1.000 millones de pesos para Villanueva Silva, Ozorio y Cubas Zavaleta. En el caso de Ibarra y Parra, el monto se redujo a 50 millones de pesos debido al cambio de calificación legal.
Pese a la falta de mérito dictada, la situación de Cubas Zavaleta seguirá bajo investigación, dado que el tribunal consideró que los testimonios en su contra resultan aislados y que, al momento del crimen, ya se encontraba detenido por un expediente previo.
