Una mujer fue detenida en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, acusada de encabezar una sofisticada maniobra de estafa. Según la investigación, la sospechosa se hacía pasar por la secretaria privada de la jueza federal María Eugenia Capuchetti para ofrecer presuntos “arreglos extrajudiciales” en expedientes que tramitan en los tribunales de Comodoro Py.
El operativo fue realizado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), pertenecientes al Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción. La orden de detención fue emanada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, actualmente a cargo de Julián Ercolini.
La maniobra del engaño
De acuerdo a las pruebas recolectadas en la causa, la mujer utilizaba su teléfono celular para contactar a personas involucradas en causas penales. En las comunicaciones, aseguraba pertenecer al staff del Juzgado Federal N°5 y prometía beneficios procesales o la resolución favorable de los conflictos a cambio de importantes sumas de dinero.
La investigación incluyó tareas de inteligencia criminal, seguimientos sigilosos y, fundamentalmente, la intervención de líneas telefónicas, lo que permitió identificar a la presunta estafadora como Dora Esperanza Martínez.
Allanamiento y detención en la calle Lobos
Con las pruebas sobre la mesa, los efectivos federales irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Lobos al 1600, en pleno corazón de Wilde. En el lugar, se logró la captura de Martínez y se procedió al secuestro de su teléfono celular, elemento que será sometido a peritajes ya que se presume fue la herramienta central para ejecutar los engaños.
Prisión preventiva
Fuentes judiciales confirmaron que, al momento de ser trasladada para su indagatoria, Martínez se negó a declarar ante el magistrado interviniente. Ante el riesgo procesal y la gravedad del delito, la Justicia dispuso que la mujer permanezca alojada bajo prisión preventiva en la División Alcaidía Anexo Cavia de la PFA.
El caso generó fuerte repercusión en el ámbito judicial, dado que la sospechosa utilizaba nombres de altos magistrados para dar veracidad a sus pedidos de dinero, afectando la imagen de las instituciones de la Justicia Federal.
